14.08.09
ONG’s rechazan proyecto que criminaliza los movimientos sociales
Categorías: Politica penal, Agenda penalEl presidente de la ONG Acción indicó que la iniciativa aprobada por la Cámara que responsabiliza a los convocantes de las movilizaciones de los desmanes y prohíbe los encapuchados, es una contradicción de un conglomerado de gobierno que llama a la participación ciudadana y atenta contra los derechos humanos.
Luego que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley del Ejecutivo que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas donde se generan daños a la propiedad pública o privada, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana contra la delincuencia consensuada entre el gobierno y la oposición, las reacciones no se hicieron esperar.
El proyecto además señala que, al no haber convocantes oficiales “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse, quienes deben responder ante la ley”.
Asimismo, prohíbe a las personas asistir con el rostro cubierto o encapuchados a manifestaciones públicas.
Si bien algunos parlamentarios del conglomerado de gobierno, como el PS Sergio Aguiló y el PPD Tucapel Jiménez, para el presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales Acción, Álvaro Ramis, esta iniciativa legal es una contradicción de los gobiernos de la Concertación.
“No solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que va a ser tremendamente engorroso, conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público, lo que va en contra de todos los deseos o expresiones del gobierno que ha manifestado siempre interés por la participación ciudadana”, dijo con molestia Ramis.
El dirigente además destacó que se iniciarán una serie de manifestaciones en contra de esta ley, además de realizar una serie de denuncias a nivel internacional como la Corte Interamericana de Justicia, porque el artículo cuatro que presume responsables de los desmanes a los convocantes de una manifestación, contraviene las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
Según Ramis, el Estado está aumentando la criminalización de las organizaciones sociales. Esto, en directa relación a la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que el proyecto aumenta la cantidad de autoridades que puedan calificar actos como delitos en contra de la seguridad interior del Estado, entre ellos, los ministros del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público, el Director Nacional de la Policía de Investigaciones y el Director General de Gendarmería.
Además, Ramis asoció este tipo de iniciativas legales a hechos que han sucedido en otros países y que en Chile se podrían aplicar al denominado conflicto mapuche. “En Perú pasó hace algún tiempo atrás con la masacre en Bagua, cuando los campesinos indígenas de la Amazonía se manifestaron y fueron masacrados en un acto que aún hoy no ha sido esclarecido. Eso también está ocurriendo en zonas de mayor conflictividad, como la indígena, pero poco a poco se empieza a notar en áreas urbanas”, indicó el dirigente.
El texto retornará al Senado, a tercer trámite, luego de que la Cámara introdujera algunas modificaciones.
Ninoska Leiva
