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15.08.09

G. Tantauco (Piñera) Política indígena, tierras y resultados

08.15.2009 (Por Rodrigo Yañez)

La muerte de un miembro de la comunidad mapuche Requén Pillán de la Comuna de Ercilla, ocurrida durante el desalojo de sus miembros por Carabineros frente a la toma del fundo San Sebastián, marca un nuevo y grave hito en la escalada de violencia de la Araucanía.


Cabe entonces reflexionar sobre la complejidad del tristemente llamado “conflicto mapuche”, de múltiples dimensiones. En ese contexto, ha sido defendida por el gobierno, como es obvio, la política indígena ejecutada por la Concertación , con un énfasis en particular, sobre aquella reflejada en el documento “Re-Conocer”, anunciada por la Presidenta Bachelet , y que supone el último estado de la materia. A propósito de la política de tierras, se señala también por personeros de gobierno, como un gran logro, la entrega de 650 mil hectáreas desde el inicio del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI), precisándose que de dicho total, el 35 % de ellas corresponde al gobierno de la primera mandataria.


Sin embargo, es importante analizar más detenidamente algunos aspectos. El mecanismo de entrega de tierras, sus incentivos y criterios de asignación, tienen una íntima relación con dos problemas: la superación de la pobreza y la violencia, ambos fenómenos que ocurren en el mundo mapuche rural, y es claro que algo no funciona bien en la política indígena orientada a dicho sector. Un mal síntoma es que la pobreza rural según la encuesta CASEN 2006 sea de 20, 2 %. Prácticamente el doble que en los chilenos del mundo rural no indígena.


¿Cuántas de esas tierras han sido entregadas por el mecanismo de asignación directa de CONADI? ¿Cuántas de ellas tienen un apoyo técnico y productivo efectivo?


No basta con anunciar sólo cifras de gasto o de superficies de hectáreas entregadas, si es que su asignación se ve envuelta en procesos de poco transparentes, sin suficientes mecanismos de seguimiento o control y de instrumentos de apoyo al fomento técnico y productivo. Ello se sustenta en ejemplos como la suspensión por la Contraloría Regional de la Araucanía del XI Concurso para la Adquisición de Tierras Indígenas 2008, por irregularidad en sus bases y posterior adjudicación por más de 2000 millones de Pesos. Ello, equivale a decir que cerca del 45% del total de tierras del proceso habrían sido asignadas fuera de concurso, lo que es inaceptable. Pero la crítica también proviene desde el interior del propio gobierno. Así, encontramos los informes de la DIPRES (2008) sobre la evaluación del Fondo de Tierras y Aguas, o sobre la Fase 1 del Programa Orígenes (2004), todos ellos apuntando a la necesidad de reforzar el apoyo productivo y a fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la asignación de tierras.


Si desde 1995 el promedio del presupuesto de la CONADI destinado al FTAI, es de 63% y de éste último, cerca del 75% las tierras ha sido asignado directamente por esa Corporación a través del mecanismo establecido en el artículo 20 letra b) de la Ley Indígena , en desmedro del mecanismo de concursos establecido para el subsidio del artículo 20 letra a), entonces no ha de extrañar que existan problemas de transparencia en su gestión, y de insuficiencia de apoyo técnico y productivo a las tierras, pues por un lado el artículo 20 letra b) es conocido por presentar altos grados de discrecionalidad en la toma de decisiones de asignación y los números no dan para poner en igual altura el apoyo a las tierras con la entrega misma de tierras, condición esencial del desarrollo sustentable, incluso si se consideran los otros instrumentos de apoyo gestionados fuera de CONADI.


Es innegable la importancia de la eficacia de las políticas públicas orientadas al mundo indígena para permitir su integración al mundo de las oportunidades, permitiendo su desarrollo y respetando su diversidad.


Finalmente, es cierto que el conflicto no sólo dice relación con pobreza, sino que también con un salto cualitativo en la forma del país de asumir la relación con sus pueblos originarios, que debiera reconocer la multiculturalidad de su nación. En términos concretos, cabe agregar que hoy el Senado discute la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución , sobre la base de una moción apoyada por parlamentarios de la Coalición por el Cambio, sin perjuicio de que, asimismo, ello forma parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera.

 

RODRIGO YANEZ

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña en el Área Legislativa del Instituto Libertad, donde presta su asesoría principalmente en aspectos regulatorios y de relaciones exteriores. Es miembro de las Comisiones de RR.EE. de la Alianza y del Instituto Libertad.

FUENTE

http://blog.latercera.com/blog/ryanez/entry/pol%C3%ADtica_ind%C3%ADgena_tierras_y_resultados

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