24.10.09
La violencia no debe pagar
Tags: sebastian donosoPor Sebastian Donoso (UDI)
El punto de partida para cualquier cambio es entender que las raíces del conflicto se encuentran, en buena medida, en las políticas hacia los indígenas. Sin embargo, la violencia no es una forma tolerable de canalizar demandas o expresar diferencias.
El año 2009 se acerca a su fin y la violencia sigue instalada en La Araucanía. Una pregunta se repite cada día más: ¿cómo hacer frente al conflicto? Por mucho tiempo se ha mirado la situación de violencia en esta zona como una realidad aislada, provocada por una minoría de activistas radicalizados y desconectada con el diseño general de políticas públicas hacia los indígenas. Bajo esta mirada, la respuesta a esa realidad ha estado circunscrita a la aplicación de la ley, la mantención del orden público y el respeto al estado de derecho. Mientras tanto, la autoridad ha seguido adelante con sus políticas y programas, dando por hecho que éstos tienen poco o nada que ver con la situación de violencia.
La persistencia y gravedad del conflicto en La Araucanía hacen patente que esta mirada ya no se sostiene. Es evidente que el enfrentamiento ha sobrepasado con creces las posibilidades de respuesta que ofrecen la acción policial y de inteligencia. Por otra parte, son varios los elementos que demuestran una conexión estrecha entre la conflictividad y las políticas públicas vigentes. No es viable, entonces, seguir haciendo más de lo mismo.
El punto de partida para cualquier cambio es entender que las raíces del conflicto se encuentran, en buena medida, en las propias políticas hacia los indígenas. Es allí entonces adonde debemos mirar para identificar qué es lo que puede y debe corregirse. Sin embargo, todo esfuerzo corre el riesgo de ser infructuoso si es que no establecemos antes ciertas reglas básicas de convivencia. La más importante es que ninguna violencia del pasado justifica la presente. Simplemente, la violencia no es una forma tolerable de canalizar demandas o expresar diferencias. Punto.
Veamos las conexiones entre el conflicto y las políticas públicas recientes hacia los indígenas. La primera es que durante años se ha alentado, por la autoridad, un discurso que alude a la llamada "deuda histórica", la reparación que aquélla exige y, en general, a los males sufridos por los indígenas. No es necesario desconocer lo anterior para cambiar el enfoque y poner énfasis en el futuro que queremos construir, más que en el pasado que debemos reparar.
En segundo lugar, la política indígena se ha diseñado con un fuerte sesgo ruralista, que asume que las culturas indígenas sólo se preservan en un contexto rural, lo que se ha traducido en un énfasis desmedido en la entrega de tierras. La realidad es que un 70% de los indígenas vive en las ciudades y es un desafío pendiente atender su situación. Tercero, este énfasis ha llevado al conflicto actual si atendemos, por una parte, a la brecha entre la demanda de tierras y la oferta disponible y, por otra, a los apetitos que naturalmente se iban a estimular. Es urgente equilibrar la balanza y asignar más recursos y dedicación a otras prioridades.
En cuarto lugar, el hecho de que el beneficio de entrega de tierras haya estado disponible para comunidades que han recurrido a la violencia, ha generado un incentivo perverso que tiene una buena cuota de la responsabilidad por lo que hoy ocurre. Sólo se requiere voluntad política para corregir esto. Quinto, se ha optado para la entrega de tierras por mecanismos que favorecen la discrecionalidad y corrupción, como la compra directa de fundos por Conadi, cuando podría privilegiarse la entrega de subsidios de tierras, un mecanismo más objetivo y eficiente.
Finalmente, es urgente que las autoridades se aboquen a fomentar entre los indígenas liderazgos positivos, que apuesten por la paz y el diálogo, contrarrestando así a los líderes negativos que hoy se presentan como modelos.
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