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24.12.09

Exigen sanciones a funcionarios de gobierno que negaron información sobre Pascua lama

Categories: Mineria, Proyectos

La historia se  ha extendido por casi todo este año.  En mayo pasado el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) solicitó información relacionada con el proyecto minero binacional Pascualama a dos entidades del Gobierno.

Lucio Cuenca, director de OLCA, informó que los argumentos para negar esta solicitud no eran suficientes. Por esa razón, en junio presentaron dos denuncias ante el Consejo para la Transparencia.



Una de ellas fue contra la subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, a quien se le solicitó detalles sobre la tributación del emprendimiento minero binacional; y el otro, a Henry Saldívar, jefe de la unidad de pasos fronterizos del ministerio del Interior, quien se negó a explicar el procedimiento sobre este tipo de pasos.

Cuenca señaló que los fallos del Consejo ratifican el derecho de la ciudadanía y  agregó que los aludidos tampoco presentaron un recurso de reposición.

“Establece que ambas reparticiones tienen cinco días para entregar la información que estamos solicitando, luego que se cumplieron una serie de plazos donde estos ministerios podían haber apelado a esta decisión, por lo tanto entendemos que hoy están una doble situación de legalidad. Una, al denegar el acceso a la información y una segunda al no cumplir con el fallo de la Transparencia. Entonces hoy lo que cabe es que el Consejo de la Transparencia aplique las sanciones que están establecidas en la ley”
, afirmó Cuenca.

En ambos casos, el Consejo deja en claro que se debe entregar la información requerida, pero además aclara que ésta “puede servir  de instrumento para el ejercicio de otros derechos” como “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Esta crítica fue compartida por  la hermana Cristina Hoar, religiosa defensora del Valle del Huasco.

“Para esto  hay que hacer una ley para que la ciudadanía pueda sentirse partícipe en ella, en las informaciones importantes que involucran, que  importan a la responsabilidad o el bienestar común, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está pasando en el país”, sostuvo la hermana Hoar.

Entre las sanciones para los funcionarios, se cuenta una baja en las remuneraciones o suspensión en cierto período de tiempo.

Desde el Consejo para la Transparencia aclararon que los plazos están vigentes y que en el caso que no se cumplan,  las sanciones no son inmediatas.

Un escenario complejo, pues el proyecto Pascualama sigue su curso mientras OLCA denuncia irregularidades,  que finalmente podrían ser corroboradas con la información requerida al Ejecutivo.

FUENTE

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=58007

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