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20.04.10

Los desafíos de la nueva política indigena del Gobierno de Piñera (Según El Mercurio)

El terremoto ha escondido al nuevo gobierno un tema difícil, que en 20 años la Concertación mitigó sin dar una solución definitiva: el mal denominado “conflicto mapuche”. He aquí, algunas luces sobre lo que viene para el Presidente Piñera en materia indígena, los abordajes propuestos y las críticas a los mismos.

Para hacer frente a este complejo escenario, el actual Presidente Sebastián Piñera encargó estudios al grupo Tantauco, los que se tradujeron en la identificación de cuatro falencias y una serie de propuestas para su mejoramiento y solución.

(Reportaje publicado por el Diario Austral, Temuco, de la cadena El Mercurio, 18/04/2010 )


El año pasado fue particularmente difícil –en materia indígena- para el gobierno de la ex mandataria concertacionista Michelle Bachelet. La muerte del joven comunero Jaime Mendoza Collío en un enfrentamiento con efectivos policiales recrudeció la lucha por las tierras ancestrales reclamadas históricamente por el pueblo mapuche. El lamentable incidente evocó el fallecimiento –en circunstancias demasiado similares- de otro partidario de la causa: Matías Catrileo. Esto no fue todo.

La espiral de violencia que fue propagándose con rapidez dejó entrever una serie de graves problemas que atraviesan de forma transversal hasta hoy el mal denominado “conflicto mapuche”. Uno de éstos, la inusitada e injustificada fuerza con la cual Carabineros realizaba (documentado al menos desde el 2004) allanamientos a comunidades mapuche, donde los más perjudicados tanto física como psicológicamente son los niños. Ello quedó ampliamente demostrado en el reportaje que una revista de circulación nacional publicó en septiembre de 2009.

En la investigación en comunidades de Ercilla como la Cacique José Guiñón, la preocupante realidad de los menores centró la discusión sobre la problemática en un área trabajada anteriormente con poca rigurosidad, sin embargo, la profundidad con que fue llevada a cabo, logró que organismos nacionales e internacionales como la UNICEF, además de prensa de todo Chile y el mundo, exigiera al país explicar las denuncias al respecto.

Institucionalidad en crisis


DATOS NUMÉRICOS

57% de los mapuche liga su cultura a la lengua, el 49% a los apellidos y el vivir en tierra mapuche, sólo un 11%. (Total población urbana y rural. Fuente: CEP, 2006).


Tal panorama, lejos de hacer disminuir las tensiones, las agravó, mostrando una serie de falencias y vicios que permanecían ocultos. El paro de más de un mes de los funcionarios de la Conadi, develó a la opinión pública un oscuro panorama. Falta de personal en la institución indígena y denuncias de corrupción en la asignación de subsidios mediante el Fondo de Tierras y Aguas, (regulado por el artículo 20 letra a) de la Ley Indígena 19.253, empeoró los hechos. Dichas irregularidades, principalmente suscitadas por los llamados “Casos Especiales”, fueron denunciadas ante Contraloría por el propio presidente del gremio de la Conadi (Anfuco), Manuel Namuncura. Los “Casos” fueron objetados, pero más tarde la decisión se dejó sin efecto por resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Al establecerse la Ley Indígena en 1993, la entrega de subsidios señaló a través del Artículo 20 letra a) que los criterios para esta asignación estarían determinados por “el ahorro previo, situación  socio-económica  y  grupo familiar”, cita la mencionada ley. La suma de estas variables otorga un puntaje. Puntaje que los “Casos Especiales” se saltan. El 2009 por este ítem se habían destinado montos por más de mil millones de pesos, donde de los 54 subsidios individuales para los favorecidos, 35 pertenecían al distrito 51 del ex Diputado Eugenio Tuma. Vale decir, una cifra superior al 64 por ciento del total de los dineros destinados para tales efectos.

Esta figura –que no se encuentra en la Ley- partió de forma masiva los años 2007-2008, pero desde 1999 había antecedentes de ellos. Los “Casos Especiales” son justamente eso: especiales. Y aparecen normados como tales en las “Bases Reglamentarias del Concurso Público Undécimo Subsidio para la Adquisición de Tierras para Indígenas 2008”, según indica el Artículo 7, el cual se basa en Artículos de la Ley Indígena números 1, 7 y 39, para “personas indígenas que se encuentren con orden de desalojo, sean ocupantes o mero tenedores de terrenos, por situaciones socioculturales orientadas a promover las tradiciones propias de los Pueblos Indígenas; es el caso, de los agentes promotores de la medicina tradicional o Machi y Cacicados presentes”, dice el referido Art. Nº 7.

Sin embargo, la Ley Indígena se presta para confusiones en su interpretación. Entonces, “esta figura -explicó el abogado conciliador de Conadi, Lohengri Ascencio- se fundamenta en que el Consejo Nacional junto al Comité de Selección, usen una figura excepcional para la entrega del Subsidio de Tierras en base a una norma instituida en las bases del concurso, (algo muy ambiguo), de manera que el Comité y el director de la Conadi podían interpretarlo, dando mucho espacio para al arbitrariedad. Y esto no encajaba con lo que dice la ley en el Artículo 20 letra a) ni el reglamento del Fondo de Tierras”.

Frente a esto las críticas son transversales; tanto desde distintos sectores políticos como al interior de Conadi y organizaciones no gubernamentales ligadas al tema. También manifestaron su preocupación el DC Francisco Huenchumilla, la actual vocera de gobierno, Ena von Baer, José Aylwin Co- director del Observatorio Ciudadano e incluso el cuestionado Consejero Indígena, Hilario Huirilef. Éste último reconoció que los “Casos Especiales” no estaban contenidos en la Ley, pero se daban en las regiones de Los Ríos, El Bío Bío y La Araucanía. Además, aseguró que ellos, -como consejeros-, sólo los proponían (los Casos) y en última instancia, la decisión la tomaba el Director de Conadi.

El mismo Huirilef recuerda que el año 2005 fueron cuestionados 10 casos denominados “Casos Excepcionales”, por un monto total de 117 millones de pesos, los cuales beneficiaban a mapuche que se encontraban viviendo en el extranjero en países como Suecia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Argentina, Alemania y Canadá; y pasaron casi desapercibidos. Huirilef sostuvo finalmente, que esta situación tiene al menos 10 años de antigüedad.

En este foco de anomalías, existirían también los operadores políticos que beneficiarían a comunidades y particulares ligados a los Consejeros Nacionales de la entidad indígena. Hernando Silva, abogado y Coordinador del equipo jurídico del la ONG Observatorio Ciudadano, señaló el año pasado y a título personal, que Hilario Huirilef y Richard Mancilla junto al ahora ex Diputado Tuma formarían una suerte de “triunvirato”. La gente, al impetrar el 20 letra b), sabe que tiene que hablar con Huirilef o con Santos Millao para el lobby correspondiente dentro del Consejo de Conadi y así les sea aprobada la compra, dijo. De acuerdo al profesional, en la Corporación se ha consolidado un cierto grado de corrupción y clientelismo en su funcionamiento. “Conadi trabaja para ciertas comunidades que son el público electoral al cual aspira Tuma, entonces justo esas comunidades son las que están reivindicando tierras. Es como un círculo vicioso y por eso es tan difícil sacar a los funcionarios, porque hay una especie de protección jurídica dentro de Conadi, cuya forma de pago es en votos”, puntualizó el año pasado el abogado Silva a la revista El Periodista.

A este problema se suma otro. Se trata de los sobreprecios pagados a los dueños de fundos y tierras en conflicto (regulado por el Artículo 20 letra b), lo que ha generado, para variar, denuncias. Denuncias por irregularidades que aparecen en la prensa desde el 2001. Las más actuales fueron las presentadas por el abogado Jaime Madariaga que aseguró se defraudó al fisco en una transacción donde Conadi habría pagado cerca de 2 mil 600 millones de pesos por una propiedad de un valor comercial no superior a los 700, y en el que aparecía involucrado el ex presidente de la Sofo, Manuel Riesco Jaramillo, recibiendo una comisión como operador por un monto de 600 millones de pesos. Según José Aylwin, lo que el Estado ha pagado no es la tierra propiamente tal, sino los costos del conflicto, y esto permite valores exorbitantes.

El Programa Orígenes fue otro punto negro en una nariz con ya suficiente acné, cuyas irregularidades fueron en su momento acusadas por el Diputado Gonzalo Arenas. Estos problemas los reconoció tácitamente el gobierno anterior, por lo que se removió a buena parte de la plana mayor de Conadi y el Programa Orígenes, siendo ocupados sus cargos mediante la selección exigida por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Desafíos y propuestas de Piñera

Para hacer frente a este complejo escenario, el actual Presidente Sebastián Piñera encargó estudios al grupo Tantauco, los que se tradujeron en la identificación de cuatro falencias y una serie de propuestas para su mejoramiento y solución.

La primera señala que las políticas del gobierno pasado fueron eminentemente  rurales,  olvidando  al  mundo  indígena  urbano,  cuando dos tercios de los indígenas hoy viven en las ciudades (el 60% según última encuesta CEP del 2006).

La otra encontró que había una inflexibilidad limitante de las oportunidades de decisión del futuro de los propios indígenas y sus comunidades.

Una tercera acusa que la Concertación desarrolló una política indígena sobre la base de una institucionalidad fallida y cruzada por la corrupción, pues Conadi habría perdido representatividad.

Finalmente, existiría un débil resguardo de la dignidad y cultura de los pueblos indígenas, donde no se ha sabido proteger su lengua ni impulsado su cultura.

Los salvavidas de esta dinámica serían 3 ejes:

* La Promoción de la Cultura Indígena con el Premio Nacional al fomento de la cultura indígena, talleres de idiomas especialmente en áreas urbanas para adultos, programa para el aprendizaje del mismo por parte de profesores y dirigido a los alumnos, inclusión de las autoridades tradicionales en los distintos protocolos y ceremonias oficiales (una alegoría a la participación) y la creación de un monumento Bicentenario dedicado a los pueblos originarios.


PROBLEMATICA
Los tres principales problemas que los mapuche dijeron tener (entre población urbana y rural) y que el gobierno debiera solucionar es en “recuperación de tierras” (35%), “pobreza” (34%) y “educación” (30%). Ahora, también es importante señalar que el 61% de los mapuche cree que el país debe repararlos con tierras. (Fuente: CEP, 2006).

* Una segunda línea de acción estará dada por una nueva Institucionalidad al Servicio de los Pueblos Indígenas y su Cultura, a través de la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, cuya labor será asesorar al gobierno en la reformulación de la política indígena. También se creará la Oficina de Asuntos Indígenas (AOI), en comunas que superen un cierto porcentaje en la asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena, velando por una gestión eficiente en las áreas temáticas de Identidad y cultura, Enlace Conadi, Organizaciones y Proyectos, Educación Intercultural Bilingüe, Capacitación y desarrollo productivo y Medicina intercultural. Sumado a ello se contempla una mejor institucionalidad y un recambio de funcionarios generados por el sistema de Alta Dirección Pública, más, una oficina de apoyo al emprendimiento.

* El último eje pretende Apoyar el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con recursos mensuales a estudiantes, aumentar el Fondo de Desarrollo Indígena, entregar capacitación y perfeccionar el Artículo 20 letra a) de la Ley 19.253.

Espacios en blanco

En esto consiste básicamente el programa del Presidente Piñera, el cual no está, por cierto, exento de críticas. Una de las principales, son las formuladas por el saliente ministro Coordinador de Temas Indígenas, José Viera Gallo. La primera dice relación con el temor de éste a que durante el gobierno del presidente Piñera prime un criterio de orden público y que exista la posibilidad de que una política represiva borre de una plumada lo logrado por la Concertación agudizando la problemática que involucra al pueblo mapuche.

Su reemplazante en la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, dijo a El Austral, que el gobierno le asigna máxima importancia a este tema, recalcando el valor de los pueblos indígenas para la sociedad chilena en su totalidad, por lo que sería “un error mirar el tema indígena sólo cómo una cuestión de orden público”. En este sentido, Larroulet al ser consultado por el tema de la aplicación de la Ley Antiterrorista señaló que una cosa no quitaba la otra. “Ello no se opone a cumplir rigurosamente el deber del Estado de hacer respetar la ley”, enfatizó.

Otro tema que preocupa es el referente al del funcionamiento de la Ley Indígena. Sobre esto Larroulet fue claro: “el diseño institucional y la gestión de tierras sin duda son dos variables que deben revisarse en profundidad con miras a transformar la Conadi en esa institución que todos anhelan”, agregando que “estamos haciendo una evaluación profunda a la forma como han operado los mecanismos de entrega de tierras [...] puedo adelantar desde ya que quisiéramos privilegiar mecanismos objetivos y transparentes que no se presten para decisiones discrecionales ni para corrupción”.

Para esto, el ministro aseguró que la administración Piñera pretende una nueva institucionalidad en materia indígena asignando el “diseño de política a un órgano multisectorial de alto nivel, transformar la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena con un rol eminentemente ejecutor y técnico y radicar la representación indígena en un consejo de carácter nacional con un rol asesor en la formulación de la política”.

A este respecto, quedan con una interrogante la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, cuyas iniciativas fueron ingresadas por el gobierno de Bachelet, sin embargo, recibieron críticas de parte de las comunidades, pues para su confección no hubo una adecuada consulta a ellos.

La semana pasada el presidente del gremio de los trabajadores de Conadi, Manuel Namuncura, se reunió con el ministro Larroulet para expresarle algunas inquietudes. En la oportunidad, Namuncura contó que es de mucho interés para sus representados dar continuidad a los requerimientos sociales de los pueblos originarios, y para ello es necesario modificar la Ley Indígena.

Normativa legal e institucionalidad que según José Aylwin, hoy está agotada, y además “fue politizada. Sus dirigentes fueron cooptados por la Concertación y más que representantes indígenas ante el Estado, pasaron a ser representantes del Estado ante las comunidades”. Esto no significa que se eliminen las instancias legales para la entrega de tierras, sino, por ejemplo, que el gobierno de Piñera realice “un amplio proceso de consulta a los pueblos indígenas, en base a los lineamientos del Convenio 169 de la OIT, para definir las maneras de proponer una nueva institucionalidad indígena”, explica Aylwin.

Larroulet por su lado, sostiene que sobre el Convenio se debe “trabajar en conjunto con todos los actores sociales para evaluar y avanzar de la manera más adecuada que pide el 169”.

Ahora, el mismo Aylwin apoyándose en el relator de la ONU James Anaya, cree que el programa de Piñera establece una suerte de retroceso, pues “vuelve a proponer la propiedad privada indígena -como lo hizo el régimen militar- al incentivar los subsidios individuales de tierra del 20 a); vuelve a centrar el eje de su política en el ‘desarrollo’, sin definir su contenido, como si los temas de diversidad étnica fueran temas de pobreza y no una realidad mucho más compleja que requiere de un abordaje más global”.

Otro punto difícil de saltarse es el de la violencia suscitada en los últimos años, donde las únicas víctimas fatales han sido jóvenes mapuche enfrentados a organismos del Estado. Al respecto, algunos dirigentes mapuche señalan que la represión bajo algunos períodos de la Concertación, como los de Lagos y Bachelet, fue mayor a la experimentada en dictadura.

Por ello fue muy paradojal ver a la Intendenta Barrientos despedirse con la arenga de ‘viva el pueblo mapuche’, en circunstancias que bajo su intendencia los agentes policiales del Estado asesinaron a un mapuche, y reprimieron brutalmente a niños mapuche, por eso, en la medida en que el Estado mantenga políticas contradictorias, la protesta social mapuche se va a mantener, y muy posiblemente la política de orden público y represión”, analiza Aylwin y concluye: “el principal desafío de la administración Piñera, será el establecer mecanismos para un diálogo efectivo y sincero, donde el Estado no imponga su visión de mundo y prioridades a los pueblos indígenas y se respete las prioridades que éstos, como primeros pueblos, tienen en relación a su vida, cultura y estrategias de desarrollo”.

 

Por Maximiliano Martínez M

FUENTE

 


Diario Austral, Temuco, Reportajes Domingo 18 de abril de 2010


 


http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/extra/pdp/pdp.html?sec=3&ts=20100420000304&fp=20100418&pag=24

 



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