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14.09.10

Pueblos indígenas y política pública . Por Rodrigo Castro (UDI) [Asalto neoliberal al Fondo de Tierras]



"Esta es una oportunidad para cambiar los programas de gobierno a fin de mejorar la calidad de vida y el apoyo a la cultura mapuche.
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"En síntesis, creemos que una fracción mayoritaria de los recursos del Fondo de Tierras y Aguas debe reorientarse a programas de educación, capacitación y empleo, y que los predios actuales y futuros deben darse en propiedad individual."

Rodrigo Castro, Economista de Instituto Libertad y Desarrollo


EN EL CONFLICTO mapuche podemos hablar de una profecía autocumplida.

Aunque la situación de desigualdad y exclusión social de los pueblos originarios es de larga data, los gobiernos anteriores, en su afán por preservar su cultura fundamentalmente a través de la tierra, descuidaron la realidad de pobreza.

La población indígena registra niveles de pobreza e indigencia superiores al promedio nacional (19,8%, versus 14,7%), según la encuesta Casen 2009, y a pesar de que la brecha respecto del resto de la población ha disminuido considerablemente, aún existen importantes falencias que una mejor política pública permitiría superar.

Para salir de la pobreza hay dos elementos clave: educación y empleo. Y en ambos la situación de los indígenas es muy desventajosa. La escolaridad promedio de los mayores de 18 años alcanza a 8,9 años, un año y medio menos que el resto de la población. La brecha se repite para todos los quintiles de ingreso autónomo, lo cual confirma la relevancia de programas de becas que logren incrementar la cobertura, así como de programas que velen por la calidad de la enseñanza. 

Cabe preguntarse por los resultados del programa Fondo de Tierras y Aguas, que no considera un apoyo relevante a los procesos productivos que puedan desarrollarse en las tierras cedidas. Al no contar con tal patrocinio para trabajar en sus predios, los indígenas optan por arrendarlos a privados, a pesar de que la ley lo prohíbe. A esto se suma el hecho de que los títulos de dominio, al ser colectivos, impiden ejercer el derecho de propiedad individual y con ello el acceso a financiamiento y a un mejor uso de los recursos. Por esta razón, la población indígena no puede desarrollarse por la vía legal, sino al alero del Estado, constituyendo reservas segregadas que impiden la movilidad laboral, lo que resulta en menores salarios (su salario promedio es un 35,3% menor que el de la población no indígena). Todo esto indica que el programa ha estado completamente desalineado, con el objetivo de superación de pobreza. 

A partir de algunas estimaciones, encontramos que la probabilidad que tiene un hogar indígena de caer bajo la línea de la pobreza disminuye cerca de un 70% cuando un integrante adicional consigue empleo y cerca de 33% cuando el jefe de hogar completa la educación media (versus educación básica completa). Esto nos permite concluir, una vez más, que tanto la inversión en capital humano como el empleo son factores preponderantes en el combate de la pobreza y en esa dirección deben ir los esfuerzos por procurar el mayor bienestar de la población indígena de nuestro país.

En síntesis, creemos que una fracción mayoritaria de los recursos del Fondo de Tierras y Aguas debe reorientarse a programas de educación, capacitación y empleo, y que los predios actuales y futuros deben darse en propiedad individual.

Este conflicto debe verse como una oportunidad para que los programas de gobierno sean modificados con miras a mejorar la calidad de vida y el apoyo a la preservación de la cultura mapuche. Es decir, que por un lado se incentive la generación de empleos, la alfabetización y la mayor educación, y por el otro se conserve la lengua originaria y se transmitan las costumbres ancestrales a los más jóvenes.

FUENTE

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2010/09/895-291697-9-pueblos-indigenas-y-politica-publica.shtml

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