05.12.10
Mapuche y Constitución (Artículo de Sebastián Donoso)
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está implementando su política indígena sobre la base de la convicción de que los pueblos originarios constituyen una riqueza para nuestro país y contribuyen a la diversidad cultural. Por lo mismo, queremos que el sello de nuestra gestión sea una mirada positiva, centrada en rescatar y difundir el aporte que representan nuestros pueblos indígenas.
Inspirado en estas convicciones, los ejes de la política indígena del Gobierno del Presidente Piñera son los siguientes:
1) Cultura: fomentar decididamente las culturas e identidades indígenas.
2) Tierras: corregir y mejorar sustancialmente los procedimientos de entrega de tierras, asociándolos a iniciativas de apoyo productivo.
3) Institucionalidad: reestructurar la institucionalidad vigente.
4) Participación: seguir instalando procesos efectivos de consulta y participación indígena.
5) Desarrollo integral: priorización de políticas focalizadas hacia los pueblos indígenas en cada región con población indígena relevante.
En materia de fomento cultural, uno de los principales compromisos de esta administración es lograr la aprobación del reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas, lo que permitiría concretar un anhelo de antigua data y que les otorga reconocimiento y visibilidad, elementos indispensables para construir una sociedad en la que se sientan plenamente incluidos. Se debe destacar además que el texto del reconocimiento constitucional que actualmente se discute en el Congreso es el resultado de un acuerdo entre todos los sectores políticos luego de casi 20 años de discusión legislativa.
En la misma línea de reconocimiento y fomento cultural, el Presidente emitió en agosto pasado un instructivo para que los gobiernos regionales y provinciales consideren a las autoridades tradicionales en todas las ceremonias oficiales. Entre las autoridades reconocidas se encuentran los Lonkos de las comunidades indígenas, los Caciques Huilliches, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui y otras autoridades tradicionales o religiosas de los pueblos indígenas reconocidos en la ley Nº 19.253. Además, se ha creado un Premio al Fomento de las Culturas Indígenas para reconocer a las personas e instituciones que destaquen en el estudio y promoción de dichas culturas.
También es importante destacar que el Estado de Chile está cumpliendo normalmente con el Convenio 169 de la OIT, vigente en nuestro país desde hace poco más de un año. Hace pocos días el Gobierno ha enviado a la OIT un Addendum a la memoria de cumplimiento presentada en septiembre pasado. Ambos documentos entregan información completa y detallada sobre la forma en que Chile ha dado cumplimiento y está implementando el Convenio.Entre los principales avances podemos destacar, sólo a modo de ejemplo, el reconocimiento de la costumbre indígena; las normas y programas vigentes sobre salud y educación intercultural, y el programa de becas indígenas. Vale hacer una mención especial a las múltiples consultas que está llevando a cabo esta administración, lo que representa una parte fundamental en el cumplimiento de las normas del Convenio 169, pues su piedra angular es la consulta y participación de los pueblos indígenas en todas aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.
Todo lo anterior no obsta, por supuesto, a que exista un amplio espacio para mejorar las políticas públicas en favor de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos que requiere especial atención es la necesaria integralidad con que se debe abordar esta política. El desarrollo y calidad de vida de los pueblos indígenas es el resultado del accionar del conjunto de actores públicos y privados, lo que implica una mirada fuertemente regional y local. Por lo mismo, cada región con población indígena relevante deberá asignar prioridad a políticas públicas que aborden en forma específica y culturalmente pertinente las necesidades y aspiraciones de los pueblos originarios -educación, salud, conectividad, etc.-, tanto en el mundo rural como urbano, apuntando así a un desarrollo integral de los indígenas y sus organizaciones. También y por idéntica razón, las medidas destinadas al mundo rural en los últimos años se complementarán con una preocupación especial por la población indígena urbana.5-12-2010
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