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08.12.10

Tomas en Isla de Pascua y respeto de la ley ( Insólito editorial de La Tercera)

La autoridad tiene la obligación de hacer cumplir la ley y la ciudadanía debe entender que los conflictos se deben canalizar por vías institucionales.

EL  DESALOJO ordenado por un tribunal de uno de varios edificios que permanecían tomados ilegalmente en Isla de Pascua -desde hace más de cuatro meses- derivó el viernes pasado en una violenta reacción de los ocupantes, con un saldo lamentable de 17 carabineros y ocho pascuenses heridos. La autoridad cumplió de esta manera con el deber de proteger los derechos de las personas, en este caso afectadas por una toma ilegal que causó daños de consideración en los inmuebles afectados.

[Los lugares "tomados" son oficinas fiscales. Corte de Apelaciones de Valparaiso habia rechazado desalojos]

Cabe, eso sí, lamentar la tardanza en esta decisión por parte de las autoridades responsables del orden público, la que, en parte, puede explicar que se hayan extendido las tomas y se haya generado una sensación de impunidad al respecto.
Ese fue el punto más álgido de una crisis que ahora parece estar siendo encauzada hacia la vía del diálogo, con la desocupación pacífica de otros edificios tomados, en un proceso que las autoridades esperan haya culminado antes de que finalice el año. Las motivaciones de quienes tomaron en julio los edificios de varias reparticiones públicas y del hotel Hanga Roa -impidiéndoles funcionar- son de distinto tipo, aunque en su mayor parte se vinculan a reclamos de propiedad de terrenos en virtud de supuestos derechos ancestrales. No obstante, cualquiera sea el fundamento esgrimido, no puede justificar el uso de la fuerza y el daño a derechos de terceros como medios para reivindicarlos. Al hecho condenable de haber ocupado ilegalmente distintos edificios se suma, además, la oposición violenta al desalojo ordenado por la justicia y llevado a cabo por la fuerza pública.

En este sentido, el gobierno actuó correctamente al decidir aumentar la dotación policial de Isla de Pascua en previsión de que el cumplimiento de la orden judicial de desalojo provocara incidentes violentos, como los de la semana pasada. Quienes criticaron a priori la acción policial, incluso planteada como medida de último recurso, omiten la necesaria diferencia que debe establecerse entre la acción policial y la de quienes transgreden derechos ajenos.

El uso de la fuerza policial debe ser proporcionado y ajustado a las normas que lo rigen, pero no puede paralizarse por la resistencia de quienes actúan al margen de la ley. Por supuesto que si en esa actuación policial se cometen excesos,  ellos deben ser investigados y castigados.

En lo concreto, el efecto más conocido de las tomas hasta ahora ha sido el perjuicio a la actividad turística -30% menos de reservas de extranjeros respecto del año pasado-, principal fuente de ingresos de la economía local. Ello debiera servir de recordatorio no sólo de que las vías institucionales son las únicas aceptables para canalizar los conflictos en una sociedad democrática, sino también de que el diálogo, y no la confrontación, ofrece las mejores y más sostenibles posibilidades de éxito para enfrentarlos.

Cabe esperar una actuación diligente de las autoridades respecto de las carencias que muestran las políticas del Estado en Isla de Pascua, confirmando con soluciones eficaces que no es necesario que se produzcan actuaciones violentas como ésta para atender los problemas de los ciudadanos.

FUENTE

LA TERCERA 08/12/2010

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