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10.12.10

AMNISTIA Internacional manifiesta preocupación por violación de DDHH en Isla de Pascua

Categorías: Rapa Nui

Amnistía Internacional ve con honda preocupación la situación en Rapa Nui (Isla de Pascua) tras los sucesos del 3 de diciembre, en los que hubo detenciones y más de 20 pascuenses que resultaron heridos en una operación emprendida para desalojarlos de edificios y tierras que ocupaban en el marco de una protesta.


Durante la operación realizada para desalojar a las personas que ocupaban varios edificios y tierras de propiedad pública y privada, resultaron heridos tanto manifestantes como policías. La protesta se inició hace mucho tiempo por clanes isleños en demanda de tierras ancestrales y para rechazar la constante falta de medidas del gobierno chileno para atender de manera efectiva a sus derechos.

Según informes, las fuerzas de seguridad chilenas, formadas por alrededor de 45 efectivos, comenzaron la operación de madrugada. Al negarse el grupo de manifestantes a marcharse del lugar y comenzar a congregarse allí más personas, la policía abrió fuego con armas de perdigones y agredió físicamente a algunos manifestantes. Muchas personas, entre ellas el presidente del Parlamento rapanui, Leviante Araki, de 50 años, sufrieron graves lesiones a causa de los disparos. Al parecer, los manifestantes pascuenses respondieron con palos y piedras. Las familias de los manifestantes también han denunciado malos tratos a los que fueron detenidos y llevados a la comisaría local.

Según los informes, hubo graves demoras al atender a las personas heridas que fueron llevadas al hospital local, por falta de capacidad en la isla para tratar tan elevado número de lesiones. Al parecer, algunos de los miembros de los clanes que resultaron heridos no han solicitado atención médica.

El gobierno ha confirmado que al día siguiente de los actos violentos se llevó a la isla a 100 agentes de policía más, especialmente para ocuparse de la situación. Amnistía Internacional ha recibido preocupantes informes según los cuales podrían estar hostigando a los miembros de los clanes que proporcionan información a abogados, quienes van a realizar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las ocupaciones persisten desde agosto. En septiembre, los indígenas que ocupaban el hotel Hanga Roa, situado en tierras que reclamaban por considerarlas parte de su territorio ancestral, fueron desalojados. Desde los sucesos violentos del 3 de diciembre, las autoridades del gobierno han informado que han “recuperado” 6 de las 18 propiedades que habían sido ocupadas. Se cree que los manifestantes se retiraron voluntariamente de algunos de los edificios que ocupaban.


Amnistía Internacional señala que, aunque las autoridades chilenas tienen el derecho y el deber de garantizar el orden público, deben hacerlo mediante un uso proporcional de la fuerza y cumpliendo en todo momento su obligación de respetar los derechos humanos. La organización pide al gobierno chileno que investigue completamente todo exceso que pueda haberse cometido.

Amnistía Internacional señala también el reciente compromiso contraído por Chile para con los derechos de los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT, que contiene normas para la protección del derecho de estos pueblos a la consulta y a sus tierras ancestrales. Chile ha aprobado también recientemente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a los Estados a proporcionar a los pueblos indígenas reparación por las tierras ocupadas sin su consentimiento previo, libre e informado. Según la organización, estas normas internacionales, junto con las garantías constitucionales internas de los derechos de los pueblos indígenas, proporcionan el marco necesario para las futuras conversaciones entre los líderes indígenas y las autoridades del gobierno.


Amnistía Internacional insta a las autoridades chilenas a:

- Garantizar el uso proporcional de la fuerza en todas las operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley e investigar toda violación de derechos humanos que se cometa.
- Garantizar la disponibilidad de servicios médicos para atender a quienes resulten heridos durante ocupaciones o durante operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
- Garantizar que la policía no hostigue a personas ni a clanes por haber solicitado asesoramiento jurídico o por tener pruebas de posibles excesos cometidos durante operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

- Garantizar los derechos de los indígenas rapanui proclamados en las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a que se solicite su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que puedan afectar a sus derechos y sus medios de vida.
- Garantizar que los indígenas rapanui tengan acceso a un proceso justo de reclamación del derecho a sus tierras ancestrales.

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