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14.12.10

Isla de Pascua: necesidad de solución (Editorial de El Mercurio)

Categorías: Rapa Nui

"Los acontecimientos en Isla de Pascua están dañando la imagen del país y pueden agudizarse. Cabe esperar que las autoridades zanjen con rapidez los problemas jurídicos y administrativos que se arrastran por casi medio siglo."

Editorial

Martes 14 de Diciembre de 2010
Isla de Pascua: necesidad de solución

Al cumplirse en Isla de Pascua una orden judicial para poner fin a ocupaciones ilegales de sitios y establecimientos públicos y privados, se han producido graves incidentes entre carabineros y pascuenses que reclaman derechos sobre los terrenos asignados a reparticiones públicas del Estado. Uno de estos incidentes se originó por el desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente por isleños y que está asignada al Poder Judicial. El Consejo de Ancianos Rapa Nui ha calificado al conjunto de este conflicto como "político", y la Iglesia católica ha ofrecido mediar entre la gobernadora de la isla y los representantes del Parlamento Rapa Nui, que también es parte del conflicto.

Dicha isla, incorporada al territorio nacional en 1888, fue declarada parque nacional y monumento histórico en 1935, para preservar su cultura y las riquezas arqueológicas que hoy la constituyen en un museo "al aire libre". Las incursiones europeas entre los siglos XVIII y XIX redujeron su población a no más de 300 habitantes (hoy son casi cuatro mil).

En julio pasado, una decena de familias ocupó alrededor de 35 propiedades, en su mayoría fiscales, para exigir su devolución, y flamearon banderas de Rapa Nui sobre dependencias públicas, casas ocupadas y el hotel Hanga Roa, actualmente tomado. Los dirigentes de las ocupaciones acusan al Gobierno de Chile de discriminación y reivindican derechos ancestrales. El Ministerio de Bienes Nacionales informa que busca una solución integral para atender a las mil 500 demandas de tierras presentadas por los pascuenses. El intendente de la V Región estima que los problemas derivan de que entre las décadas de 1940 y 1960 el Estado construyó obras en terrenos de los isleños con el compromiso de restituir las tierras, lo que no se cumplió. La Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua estudiará caso a caso las reivindicaciones y, según se ha informado, el Gobierno adelantaría para marzo próximo la devolución de tres terrenos significativos.

La situación presenta fricciones culturales que requieren ser armonizadas, pero también registra las consecuencias del centralismo, fundamentalmente por la dependencia administrativa de la V Región. Existen distorsiones provenientes de un régimen mal definido de relación entre el Estado central y los descendientes de los pobladores originales, hoy mayoritariamente resultado de un largo mestizaje con población chilena y extranjera.

Los isleños aspiran a mejores condiciones de vida, comunicaciones y una mayor autonomía y atención eficiente desde el gobierno central. Sin embargo, desconocen los significativos subsidios y asistencias que reciben del mismo. Desean también que las ventajas del turismo (atraído mundialmente por sus riquezas arqueológicas únicas) permanezcan concentradas en los pobladores que se proclaman de etnias originarias, sin exponerse a la competencia. Rechazan algunas modernizaciones que -financiadas por el Estado o particulares- podrían modificar en provecho de todos la situación actual, pero también reclaman contra la presunta discriminación de que, a su juicio, son objeto.

Los acontecimientos en Isla de Pascua están dañando la imagen del país y pueden agudizarse.
Cabe esperar que las autoridades zanjen con rapidez los problemas jurídicos y administrativos que se arrastran por casi medio siglo. Así lo hacen prever los anuncios del ministro del Interior (que visitó esa isla en octubre pasado) de un plan de 131 mil millones de pesos para el desarrollo de Isla de Pascua durante el actual período presidencial y la presentación de un proyecto de ley para perfeccionar la entrega de tierras.

Particular interés tiene la eventual dictación de un nuevo estatuto para dicha isla, que brindaría mayores grados de autonomía, por intermedio de una autoridad con atribuciones y funciones semejantes a las de los actuales gobiernos regionales. Algunas voces plantean crear también un consejo o asamblea territorial elegida por voto universal, pero esta propuesta debería estudiarse con extrema cautela, pues una instancia semejante podría proclamarse luego como única instancia con legitimidad, y desconocer toda otra regulación por considerarla foránea.

En cualquier caso, conviene al bienestar de los isleños que el actual conflicto no se prolongue, para no afectar al turismo, su principal fuente de ingresos.

FUENTE

El Mercurio, Santiago de Chile 14-12-2010

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