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29.10.11

Sentencia Corte Suprema. Caso CELCO. Ratifica sanciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, REPUBLICA DE CHILE

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil once.
VISTOS:
En estos autos rol 7249-2009, sobre juicio sumario de reclamación de multa, Celulosa Arauco y Constitución S.A. dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que confirmó las sentencias de primer grado pronunciadas en los autos Rol 9453-2005 del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago y Rol 7246-2007 del Vigésimo Sexto Juzgado Civil de esta ciudad, que rechazaron las reclamaciones, con costas, deducidas contra sendas resoluciones de la Superintendencia del año 2005.


Se trajeron los autos en relación.


CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en un primer capítulo del recurso de nulidad de fondo se ha denunciado la infracción de los artículos 64 de la ley N° 19.300, en relación con los artículos 2º letra j), 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 24 y 25 de la misma ley; los artículos 2, 4 y 11 letra B de la Ley N° 18.902; los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con los artículos 6, 7 y 19, Nº 3 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, por la errada interpretación de las normas citadas, sehan infringido los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Civil.

Sostiene la recurrente que, en lo que interesa, los sentenciadores han aplicado incorrectamente el artículo 64 de la Ley Nº 19.300, que substrajo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) la facultad sancionatoria por infracciones a las normas y condiciones sobre las cuales se aprobó el respectivo estudio de impacto ambiental, mediante la dictación de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA Nº 279-98, radicando el ejercicio de esta facultad exclusivamente en la Corema. Entiende que de acuerdo a lo establecido en el referido precepto, los órganos con competencia ambiental, luego de una resolución de impacto ambiental sólo pueden denunciar infracciones a la Corema y proponerle sanciones, pero ningún otro organismo distinto de la Corema está facultado para imponer multas por infracciones relativas a las condiciones que la misma Corema hubiese establecido en resoluciones de esta índole. Explica que no obstante que fue la Superintendencia de Servicios Sanitarios la entidad que estableció el plan de monitoreo que se señala infringido y que motiva la sanción, ello lo fue en cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental emanada de la Corema, único organismo que está facultado para sancionar las supuestas infracciones en que se incurra a las resoluciones que dictase. Añade que esta interpretación ha sido reconocida por actuaciones de la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios, al denunciar precisamente a la Corema la infracción de parámetros tales como temperatura, arsénico, sólidos suspendidos, etc., con lo que le ha reconocido así competencia sancionatoria a la Corema.

Indica que al discurrir lo que decidió la sentencia recurrida aplicó erróneamente la Ley N° 19.300, que es la que establece con claridad en qué consisten las normas y condiciones sobre la base de las cuales se evaluó el estudio y se pronunció sobre su Impacto Ambiental, con lo que habría concluido que tales normas y condiciones, en particular los parámetros y sus límites de emisión en la descarga, son los que se contienen precisamente en la resolución aprobatoria, siendo el Plan de Monitoreo que dispuso la Superintendencia de Servicios Sanitarios una mera aplicación de ella. Añade que la letra B del artícu lo11de la Ley 18.902, incorporada con la modificación que sufrió su texto el año 2002 y que facultó a la Superintendencia del ramo para dictar instrucciones y planes de monitoreo respecto de residuos líquidos industriales, no le confirió facultades para dictar normas sobre parámetros ambientales a los proyectos ya aprobados por la Corema a través de una Resolución de Calificación Ambiental, tanto porque no lo expresa como porque la Ley N° 19.300 es una ley especial y que, por lo mismo, regula específicamente estas materias.

A continuación arguye que el proyecto de la Planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A. se sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dando cumplimiento así a lo dispuesto en los artículos 2º letra i) y j), 8, 9, 10 letra m), 11 letra d), 12, 16, 23, 24 25 de la Ley Nº 19.300, con lo que queda en evidencia que la Resolución de Calificación Ambiental que sobre el proyecto se pronunció fue la que estableció las normas bajo las cuales éste se aprobó y allí figuran los parámetros que ahora se dicen infringidos. Por consiguiente, la fiscalización que le corresponde a los órganos intervinientes en el sistema de evaluación ambiental no puede absorber la competencia exclusiva que le incumbe a la Corema en la aplicación de sanciones para el caso de incumplimiento de tales normas, ya que a su juicio el artículo 64 de la Ley Nº 19.300 estableció que fuese la Corema como único organismo la que tuviese suficiente competencia sancionatoria administrativamente ante cualquier incumplimiento a las normas de impacto ambiental. Lo anterior no priva a la consabida Superintendencia de su facultad de seguimiento, pero estima que ante una infracción que advierta su rol es el de denunciar a la Corema, que es la entidad facultada por ley para sancionar tal infracción. Entenderlo de otra manera, como lo consideró la sentencia recurrida, implicaría aceptar una duplicidad de facultades sancionatorias, lo que infringiría la Ley Nº 18.575, que establece los principios de eficiencia y coordinación entre los entes públicos, así como el artículo 13 del Código Civil que contiene el principio que lo especial prima sobre lo general, por lo que concluye que si bien la Superintendencia mantiene su facultad sancionatoria, ha de entenderse que lo es para castigar otras materias distintasde aquellas que están reguladas en la Ley Nº 19.300.

SEGUNDO: Que en un segundo capítulo de errores de derecho, el recurso denuncia la infracción de los artículos 24, 32 y 40 de la Ley 19.300; artículo 1º del D.S. 90 del año 2.000; los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Civil sobre interpretación de la ley; los artículos 2, 4 y 11 de la Ley Orgánica de la SISS; los artículos 1º 2º y 5º de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado; y los artículos 19 Nº 3 incisos penúltimo y final, Nº 8, artículo 24º y 32º Nº 6 de la Constitución Política del Estado.

Esta infracción consiste en considerar infringida la Resolución de Calificación Ambiental, RCA Nº 279, de 1998, en circunstancias que los límites a los parámetros infringidos habrían sido modificados por otros que fueron menos exigentes y que se establecieron mediante el D.S. Nº 90, de 30 de Mayo del año 2000, y que de haber sido aplicado como correspondía por el fallo del tribunal recurrido, no podrían haberse dado por establecidas las respectivas infracciones sancionadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
La Superintendencia no pudo ordenar fiscalizar, ni hacer cumplir otras exigencias ambientales distintas de las previstas en el D.S. 90 como parámetros requeridos al respecto. De allí que sostenga el recurso que la sentencia yerra al darle dudosa prevalencia a la Resolución Nº 1368 del año 2004, dictada por la Superintendencia, por sobre el D.S. 90 emanado del Presidente de la República, con lo que infringe el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que establece el principio con arreglo al cual sólo se pueden sancionar conductas que se encuentren establecidas más allá de toda duda razonable, criterio que también está contenido asimismo en el artículo 340 del Código Procesal Penal y que se aplica en materia sancionatoria administrativa, según la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría General de la República.

Asevera, además, que la sentencia impugnada incurre en error al no respetar la mayor jerarquía del D.S. N° 90 del año 2000, aduciendo que la RCA 279 de 1998 era un acto administrativo de naturaleza especial, de carácter terminal, inmodificable y, enconsecuencia, le niega aplicación al referido Decreto Supremo. Expresa que el artículo 40 de la Ley N° 19.300 ordenó al Presidente de la República dictar mediante decreto supremo normas sobre emisión de residuos líquidos en aguas superficiales, siendo el D.S. N° 90 el primero en dictarse luego de la promulgación de la Ley N° 19.300, cuyas normas de emisión son modificables según lo establece su artículo 32, pudiendo ser aplicadas a fuentes nuevas o ya existentes, como lo demuestran los artículos transitorios 5.1 y 5.3. del D.S. N° 90. También divisa un error en el fallo, al estimar que la RCA 279 de 1998, que se dictó por mandato legal, tiene fuerza al igual que el Decreto Supremo señalado, que cumple con esa categoría, de conformidad con lo que se establece en el artículo 40 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

TERCERO: Que el recurso invoca como tercera causal de nulidad sustancialla infracción a diversas normas que consagran el principio "non bis in ídem" respecto al castigo por los mismos hechos. Así, estima que se infringe el artículo 64 de la Ley N° 19.300 al reconocer competencia a la Superintendencia del ramo para aplicar sanciones a parámetros que sólo correspondía castigar a la Corema. Del mismo modo, se desatiende la aplicación de los artículos 3º y 5º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y 70 letra c) de la Ley N° 19.300, ya que conforme a ellas no procedía considerar legítimas las sanciones aplicadas por la Superintendencia respecto de los parámetros relativos a temperatura, sólidos suspendidos y arsénico (respecto de muestras del año 2005), lo que ha sido producto de descoordinación con la Corema, que ya había iniciado un proceso sancionatorio por las mismas excedencias y sin que en definitiva se aplicase por ésta sanción por ellas. Ello conlleva a la vulneración del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, en cuanto establece la existencia de un único juzgamiento y una sola sanción.

Esta arbitrariedad, admite la recurrente, fue la que indujo a reclamar las resoluciones sancionatorias de la Superintendencia del ramo ante los tribunales ordinarios. La Nº 290, de 26 de Enero del año 2005, y la Nº 3788, de 26 de Diciembre del mismo año.

CUARTO: Que en el cuarto capítu lo del recurso se señala que los sentenciadores de la instancia incurrieron en infracción al artículo 11 B de la Ley Nº 18.902 y además al artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República que establece que no se pueden aplicar sanciones sin un proceso previo legalmente tramitado, lo que supone que debe haber en la tramitación una etapa probatoria que contemple la procedencia de los medios de prueba y su valoración legal, lo que no se dio en la especie.

Explica que el artículo 11 B de la Ley Nº 18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, le permite a esta entidad valerse de sistemas de control paralelos a los que la propia industria generadora de residuos ha de aplicar, y que ha de llevar a cabo sólo en casos calificados y mediante la dictación de una resolución previa y fundada, lo que no se ha dado en la especie, por cuya razón la Superintendencia ha excedido el ejercicio de su potestad pública, al dar curso a un procedimiento ilegal de fiscalización.

QUINTO: Que en el último capítulo del recurso se denuncia la vulneración de los ya citados artículos 11 letra B de la Ley N° 19.802 y 19 N° 3 de la Carta Fundamental, al sostener que se mantuvo el recargo aplicado a la multa por la Superintendencia respectiva y que provenía de la Resolución N° 3788-2005 fundada en una supuesta reincidencia, en circunstancias que no se han cumplido los requisitos legales para darle este carácter. Ello, por cuanto la hipotética reincidencia se fundamentaría en la infracción a que se refiere la Resolución N° 290 de 26 de Enero de 2005 de la Superintendencia, que se encuentra también reclamada en un proceso que forma parte de esta causa y que no está ejecutoriado.

SEXTO: Que al explicar la forma en que los errores de derecho denunciados influyen en lo dispositivo del fallo, aduce que de no haberse cometido tales errores, según lo explica en cada uno de los acápites del recurso, los sentenciadores habrían acogido el reclamo.

SEPTIMO: Que para resolver acertadamente el recurso, es necesario establecer que son hechos no discutidos por las partes los siguientes:
a) Que Celulosa Arauco y Constitución S.A. opera la Planta Valdivia de producción de celulosa de la cual es titular y que está ubica da en San José de la Mariquina, XIV Región (antigua X Región).

b) Que dicha Planta fue sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) regulado por la Ley Nº 19.300 y el proyecto consiguiente culminó siendo aprobado ambientalmente por la Resolución de la Corema, tantas veces citada, RCA Nº 279 de 1998.

c) Que tal Resolución autorizó verter residuos líquidos de la Planta de Valdivia en el Río Cruces, para lo cual exigió el cumplimiento de una serie de exigencias y condiciones dentro de ciertos parámetros relativos al tratamiento a que debían someterse los residuos industriales y las cantidades máximas contamínantes.

d) Que por Resolución Exenta Nº 290, de 26 de Enero de 2005, la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó a Celulosa Arauco y Constitución S.A. una multa de 100 UTA por haber infringido los limites máximos de los parámetros de temperatura y fósforo total establecidos en el Plan de Monitoreo de Planta de Valdivia, aprobado por la propia Superintendencia según Resolución Nº 1.368 de 2004.

e) Que por Resolución Exenta Nº 3.788, de fecha 26 de Diciembre de 2005, la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó a Celulosa Arauco y Constitución S.A. una multa de 400 UTA por haber infringido los limites máximos de los parámetros de temperatura, sólidos suspendidos, arsénico, fósforo total, cromo hexavalente, molibdeno y níquel, establecidos en el Plan de Monitoreo aprobado por la Resolución antes citada Nº 1.368 de 2004.

f) Que el 6 de febrero de 2005 Celulosa Arauco y Constitución S.A. dedujo reclamación contra la Resolución Exenta Nº 290-05, causa que se siguió ante el 24º Juzgado Civil de Santiago.

g) Que Celulosa Arauco y Constitución S.A. dedujo además reclamación contra la Resolución Exenta Nº 3.788-05, proceso que se tramitó ante el 26º Juzgado Civil de esta ciudad.

h) Que encontrándose estos procesos en estado de ser conocidos por la Corte de Apelaciones de esta ciudad, ambos fueron acumulados y resueltos a través de la sentencia impugnada que confirmó los fallos que se habían pronunciado por los tribunales a quo y que rechazaron sendos reclamos, con costas .
OCTAVO: Que sentado lo anterior, cabe analizar seguidamente el primer capítulo de normas legales infringidas que se invocan en el recurso y que inciden, propiamente, en la incompetencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para aplicar las sanciones reclamadas en estos procesos que se han acumulado.

En primer término, ha de considerarse al respecto que el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 18.902, de 27 de Enero de 1990, establece que: "Los prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de algunas de las siguientes multas a beneficio fiscal en los siguientes casos". Luego de describir una serie de diversas infracciones, establece en su inciso segundo que: "Los establecimientos que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos industriales líquidos o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de alguna de las siguientes sanciones"  Este inciso fue incluido al artículo 11 de la Ley Nº 18.902 por la ley Nº 19.821, de 24 de Agosto de 2002. De las antedichas normas devienen dos conclusiones. La primera, que la competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para aplicar sanciones de carácter administrativo está prevista en su Ley Orgánica, que le otorga atribuciones en casos de incumplimiento de resoluciones dictadas por la propia Superintendencia. Y, la segunda, que esta competencia es independiente de la que el legislador también otorga, por otras infracciones a diferentes organismos, lo que se infiere de las expresiones: "Sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios", y que son claramente no excluyentes.

A su vez, el artículo 11 B de la misma ley le confiere a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la facultad de fijar el plan de monitoreo acerca del sistema de tratamiento de los efluentes y sus sistemas del control. Esta facultad se incorporó al texto de la disposición mediante la modificación introducida por la citada Ley Nº 19.821, de 24 de Agosto de 2002, esto es, con posterioridad a la Resolución de Calificación de Impacto Ambiental Nº 279 de 1998, emanada de la Corema de la XIV Región de los Lagos. De este modo no resulta ajustado sostener, como lo alega la recurrente, que el Plan de Monitoreo emanado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y cuyo incumplimiento ha sido sancionado mediante las dos Resoluciones que dan motivo al reclamo que se ventila en esta causa forme parte de la Resolución de Calificación Ambiental de la Corema, RCA Nº 279 de 1998, porque a la sazón la ley no había previsto que la Superintendencia pudiese fijar planes de monitoreo, por lo que además resulta evidente que éste no pudo haber quedado incluido en las condiciones contempladas al momento de darse la aprobación por la Corema en la referida RCA Nº 279 de 1998.

Por ello, cabe concluir que el incumplimiento que se le atribuye a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. no deriva de la Resolución de Calificación Ambiental de la Corema RCA Nº 279-98 sino de una Resolución -el plan de monitoreo- dictada por la propia SISS y que de conformidad a lo que dispone el artículo 11 letra B de la Ley Nº 19.802 citado, la autoriza para aplicar las sanciones correspondientes con motivo de su incumplimiento.

NOVENO: Que en el segundo capítulo de casación la recurrente alega infracción de preceptos que desconocen la prevalencia del D.S. 90 del año 2000 sobre la Resolución de Calificación Ambiental de Corema RCA Nº 279 de 1998, el cual establece condiciones menos restrictivas para la producción y manejo de los riles, cuya aplicación haría naturalmente improcedentes las multas que han sido impugnadas.

Al respecto ha de recordarse que según lo expresa la propia reclamante en su recurso de casación, Celulosa Arauco y Constitución S.A. sometió su planta de producción de celulosa de Valdivia a una primera evaluación ambiental, con sujeción a la legislación vigente al año 1997, en la que obtuvo su aprobación, para luego obtener otra aprobación bajo el amparo de la Ley Nº 19.300. Queda claro entonces que al momento de aprobarse el proyecto de la Planta de Valdivia, el D.S. 90 aún no entraba en vigencia.

Para zanjar esta situación, es necesario considerar que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental constituye un instrumento de gestión ambiental que persigue la aprobación de proyectos o actividades de inversión, lo que impide la ejecución de tales proyectos o actividades en tanto su impacto ambiental no haya sido debidamente evaluado. Es de carácter preventivo y procura lograr una adecuada relación entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. En este contexto, los proyectos o actividades deben ser evaluados ambientalmente en forma previa a su ejecución, lo que supone el análisis normativo y técnico de sus impactos ambientales y, el examen de la viabilidad ambiental del proyecto y la determinación técnica a fin de establecer si se ajusta a las normas vigentes al momento en que se analizan todas estas circunstancias. De ello deviene que una vez resuelta la aprobación de la Corema correspondiente, las condiciones establecidas para ello, oídos cada uno de los organismos pertinentes, no pueden verse modificadas por nuevas disposiciones de carácter reglamentario que no se encontrasen vigentes a la fecha de su aprobación, ya sea que aumenten o disminuyan las condiciones operativas impuestas por la RCA, como quiera que estas nuevas condiciones no fueron las que se tuvieron en vista al momento de aprobar el funcionamiento del proyecto, considerando la función preventiva que persigue la ley. Dicho de otro modo, si la RCA impuso determinadas condiciones para dar su aprobación al funcionamiento de la Planta de producción de celulosa de Valdivia, lo fue en razón a que con esas condiciones y no con otras diversas se da cumplimiento a la finalidad de armonizar la actividad productiva con la protección del medio ambiente en que ha de realizarse, siendo tales medidas las consideradas necesarias para mitigar el impacto al medio ambiente que ha de producir la operación de la planta, sin que éstas medidas preventivas y/o paliativas puedan modificarse mediante un acto administrativo posterior que altere sus consecuencias.

En estas condiciones -habiéndose demostrado la observancia de los preceptos reglamentarios- lo decidido no infringe las restantes normas legales que este cap ítulo también señala. En efecto, en primer lugar debe descartarse la denuncia en cuanto a las reglas de interpretación del Código Civil y normas de la Constitución Política de la República. Los primeros por ser sólo criterios de interpretación no controlables por este recurso, y las segundas, en lo fundamental su contenido determina el proyecto de convivencia socio política y promover derechos fundamentales, de lo que deriva que, normalmente, será la norma secundaria la que podrá ser materia de esta forma de impugnación.

DECIMO: Que en lo que dice relación con las infracciones legales que comprenda el tercer capítulo del recurso, por el que se denuncia un doble juzgamiento por el mismo hecho que vulneraría el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República que consagra el principio: "Non bis in ídem", resulta procedente recordar que si bien el mismo tiene aplicación en el campo del derecho administrativo, lo es sin perjuicio de los matices propios que lo particularizan con motivo de la existencia de competencias sectoriales que les corresponde ejercer a diversos tipos de organismos de fiscalización en sus ámbitos de funcionamiento; de ahí que se exige para su debida aplicación que exista una triple identidad que ha de darse respecto de los antecedentes de hecho que correspondan, de los sujetos que intervienen y de los fundamentos en que se inspiran, requisitos que no concurren en la especie si se considera que la actuación de la Corema lo fue en el marco de sus facultades de fiscalización para velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la RCA N º 279 de 1998, que comprende períodos y parámetros que difieren de aquellos otros que son los que inciden en las Resoluciones sancionatorias que dictó la Superintendencia y que fueron cuestionadas por el reclamo deducido por la recurrente.

UNDECIMO: Que en el cuarto capítulo del recurso se sostiene que la sentencia impugnada dio por establecidas las infracciones sancionadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios a través de medios probatorios inidóneos, alegación que no puede prosperar para el éxito de este recurso, como quiera que a través de este arbitrio se pretende modificar los hechos sentados por los tribunales de la instancia, en cuanto tuvieron por acreditado que la reclamanteen su a ctividad excedió los límites máximos permitidos en el plan de monitoreo, respecto de los parámetros referidos en las resoluciones que impusieron sanciones. En efecto, en este capítulo el recurrente razona sobre supuestos que no condicen con los hechos que fueron severamente establecidos por los sentenciadores a cargo de la instancia lo que es una circunstancia de facto que no puede ser variada por este tribunal de casación, porque su función consiste en auscultar estrictamente la legalidad de una sentencia, esto es, revisar su conformidad con la ley, sin que se puedan modificar los hechos que miran al fondo cuando la infracción de ley que se analiza no se refiere a las normas que regulan la prueba de los hechos establecidos por los jueces de la instancia.

DUODECIMO: Que la finalidad de revisar los hechos es ajena al control del recurso de nulidad de fondo. La única forma en que los hechos podrían ser materia de un examen por esta Corte de casación lo sería mediante la denuncia y comprobación de infracción de disposiciones reguladoras de la prueba, lo que en el presente recurso no ha sido denunciado.

DECIMO TERCERO: Que el inciso penúltimo del artículo 11 de la Ley N° 18.902 establece que: "Las multas señaladas en este artículo podrán aumentarse hasta el doble del mayor monto señalado en cada caso, cuando se trate de infracciones reiteradas". En consecuencia, lo que la ley exige para elevar la sanción no es la reincidencia en términos penales, en cuanto se exige para su concurrencia que exista una sentencia ejecutoriada que imponga una sanción con anterioridad a aquella que motiva la aplicación de la nueva, sino que basta con que se compruebe la reiteración que según su acepción gramatical implica: "acción o efecto de reiterar", lo que a su vez significa: "Volver a decir o hacer algo". Por lo tanto, no se transgrede norma alguna al considerarse que la Superintendencia de Servicios Sanitarios puede ejercer la facultad que tiene de elevar la multa ?como ocurrió con aquella aplicada en la Resolución N° 3788- considerando la infracción materia de la sanción que se impusiera por la Resolución 290-2005, cuando la decisión del reclamo presentado a su respecto no se encontraba todavía ejecutoriada. Además ambas sanciones se relacionan con di stintos períodos de monitoreo, por lo que no puede acogerse el recurso en lo que al último acápite de infracciones legales se refiere.

DECIMO CUARTO: Que por lo que se ha venido razonando, no habiendo incurrido los jueces del grado en los yerros que se denuncian, ha de declararse que el recurso de nulidad sustancial no podrá prosperar.

De conformidad, además con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 722 contra de la sentencia de quince de julio de dos mil nueve, escrita a fs. 630.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante don Rafael Gómez Balmaceda, quien estuvo por acoger el recurso por considerar que conforme al mérito de los antecedentes resulta que por Resolución de Calificación Ambiental, RCA Nº 279-98, emanado de la Corema X Región, hoy XIV, aprobó el Proyecto de la Planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A. y en la propia resolución se determinó el límite máximo a que ha de ajustarse el efluente líquido que ha sido tratado y que ha de descargarse en el Río Cruces.
La Superintendencia en la Resolución que dictó bajo el Nº 1.368-04 discurrió un plan de monitoreo para fiscalizar dichos parámetros, pero no introdujo nuevas condiciones a que debía ceñirse el efluente que se derrama.

Por lo mismo, entonces, que no podría afirmarse que sea posible que la Superintendencia de Servicios Sanitarios pueda sancionar con multa a la empresa recurrente si se considera que la inteligencia que ha de dársele al precepto del artículo 64 de la ley Nº 19.300 que le fija atribuciones para aplicar multas, debe guardar relación con su genuino sentido, el cual no puede ser otro que el de sancionar infracciones que provengan del incumplimiento a resoluciones que la propia Superintendencia hubiese dictado y no de las que emanan de otras autoridades que están dotadas de facultades sancionatorias en el ámbito que le es inherente a sus funciones, como son las que le incumbe ejercer a la Corema.


Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Rafael Gómez Balmaceda.
Rol Nº 7249-2009.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integradapor los Min istros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Rafael Gómez B. No firma el Abogado Integrante Gómez B., no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 27 de octubre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

 

 

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