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El Gobierno entregó oficialmente este miércoles a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la memoria sobre las medidas adoptadas para dar efectividad al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.
El Asesor Especial para Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso, planteó que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera expresa su satisfacción por la entrega de este completo y detallado informe de cerca de 150 páginas, que da cuenta de los avances y el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo y respeto de los derechos de los pueblos indígenas”.
En momentos en que se encuentra en Chile una delegada de la OIT para verificar la aplicación del convenio 169 sobre pueblos indígenas, el gobierno detalló ayer los avances en la materia.
El asesor de la Segpres, Sebastián Donoso, dijo que, además del primer informe solicitado por la entidad, en los próximos meses se enviarán proyectos de desarrollo social.
Hasta amenazas de investigación por parte de la Contraloría hubo. Todo esto a raíz de la suspensión del proceso de compra de tierras indígenas bajo el artículo 20, letra b.
Al 11 de marzo estaba comprometida la compra de tierras a 115 comunidades. Pero, una vez que asumió el nuevo Gobierno el proceso se paralizó. Después de constatar un sobreprecio de 400 por ciento por los terrenos, las autoridades informaron que tenían que revisar caso a caso.
Aunque aún no hay resultados al respecto, las autoridades anuncian que este proceso entró en tierra derecha. Y, de aquí a fin de año debería estar resuelto a quiénes se les comprarán predios y a qué precio.
El anuncio de la nueva política de compra de tierras se generó a raíz de una serie de motivos, el principal: el sobreprecio que hoy tienen para el Estado las tierras mapuches, que ha aumentado en un 800%.
Fue esta semana cuando el ministro de Planificación, Felipe Kast, anunció que el Gobierno iniciará un nuevo programa para entregar tierras a los indígenas. Este tiene que ver con fomentar mucho más el subsidio que la compra directa, dado que se generaba una serie de especulaciones que no se han podido detener.
Diputado Tuma (PPD) se reúne con Sebastián Donoso encargado gubernamental de Asuntos Indígenas
El diputado PPD, Joaquín Tuma, se reunió en La Moneda con el actual Encargado de Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso, para solicitar que se cumplan con los compromisos de compra de tierras, para aquellas comunidades que han sido favorecidas con la aplicabilidad del proceso, y así anticiparse a conflictos que se podrían generar en La Araucanía.
El Coordinador de Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso, junto a Francisco Painepan director de Conadi, viajaron a la provincia de Arauco para informarse sobre las comunidades afectadas por el terremoto y la situación de los funcionarios de la institución.
En Cañete, las visitas fueron recibidas por el Director Regional José Luis Lincoñir, quien presentó una síntesis de la situación actual de las comunidades de la zona, tanto de las que se atienden normalmente como de las que resultaron afectadas por el terremoto del 27 de febrero.
TEMUCO, Chile, abr. 1 (UPI) -- En el marco de su visita a la Región de La Araucanía, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y el Coordinador de Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso, se trasladaron hasta las nuevas instalaciones de la dirección nacional de Conadi, cuyo edificio original resultó seriamente dañado en el terremoto del pasado 27 de febrero.
En las nuevas dependencias, el secretario de estado fue recibido por todos los funcionarios y directivos de la Conadi, encabezados por el Director Nacional, Francisco Painepan.
Mientras en la Araucanía se vive una situación de conflicto, en el Congreso se discuten los proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas. Revise cómo se ha abordado el tema en la UC.
Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho y experto en la materia ha escrito varias columnas de opinión al respecto. Además, junto con Ignacio Irarrázval, Director del Centro de Políticas Públicas UC, desarrolló un análisis sobre la nueva institucionalidad indígena. Revise los documentos a continuación:
La violencia no debe pagar
Por Sebastian Donoso (UDI)
El punto de partida para cualquier cambio es entender que las raíces del conflicto se encuentran, en buena medida, en las políticas hacia los indígenas. Sin embargo, la violencia no es una forma tolerable de canalizar demandas o expresar diferencias.
El año 2009 se acerca a su fin y la violencia sigue instalada en La Araucanía. Una pregunta se repite cada día más: ¿cómo hacer frente al conflicto? Por mucho tiempo se ha mirado la situación de violencia en esta zona como una realidad aislada, provocada por una minoría de activistas radicalizados y desconectada con el diseño general de políticas públicas hacia los indígenas. Bajo esta mirada, la respuesta a esa realidad ha estado circunscrita a la aplicación de la ley, la mantención del orden público y el respeto al estado de derecho. Mientras tanto, la autoridad ha seguido adelante con sus políticas y programas, dando por hecho que éstos tienen poco o nada que ver con la situación de violencia.
La institucionalidad indígena
por Sebastián Donoso (UDI)
La reciente designación de un "ministro coordinador" no contribuye a clarificar el esquema institucional que propone el gobierno. Es de esperar que la autoridad no transforme sus propuestas en 'golosinas' para aplacar la actual efervescencia.
Las políticas del gobierno no han dado resultados. Pero hay ejemplos de mapuches emprendedores que se están asociando con empresarios para salir adelante.
Bernardita Aguirre Pascal "La tierra por sí sola no es sinónimo de desarrollo. Nosotros tenemos una gran cantidad de tierras entregadas por Conadi, pero sin ningún apoyo técnico. Al mapuche le entregan tierra y él sigue siendo pobre". El diagnóstico de Arnoldo Ñanculef, presidente de la agrupación de comunidades mapuches Rehue, suena lapidario. El dirigente explica que "hay fundos entregados por Conadi que están botados y otros sembrados con un poquito que alcanza apenas para sobrevivir".
DONOSO: Política indígena
Señor director:
La muerte, la semana antepasada, del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío no puede dejar indiferente a nadie. Pero cometeríamos un error si es que centráramos la discusión sólo en el hecho de su muerte y en las responsabilidades que caben a los involucrados.
La perpetuación del escenario de violencia en La Araucanía puede ser vista, si no como un fracaso, al menos como un serio entredicho al éxito de la actual política indígena.
¿Está bien enfocada la actual Política Indígena chilena?
Dos abogados analizan los desafíos de las políticas públicas orientadas a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas, en el nuevo debate online de Política Stereo Violencia, huelgas de hambre, incendios y tomas de fundos. Son los conceptos regularmente asociados al tema indígena en el país, sin embargo, la forma en que convivimos e interactuamos con las culturas ancestrales va más allá de esos conflictos.
Chile y el convenio 169 de la OIT: reflexiones sobre un desencuentro (Por Sebastián Donoso)
El Convenio 169 de la OIT (el ‘Convenio’) se erigió desde 1989 y hasta hace muy poco, como el único instrumento internacional dedicado exclusivamente a los pueblos indígenas.
Como se sabe, Chile tiene una población indígena relevante y en los últimos quince años el debate sobre las políticas públicas que deben aplicársele ha cobrado particular relieve.
Sin embargo, el convenio pese a figurar con prioridad en la agenda política de los gobiernos de la Concertación desde 1990 en adelante, recién en marzo de 2007 fue ratificado por el Congreso Nacional.
Este artículo pretende entregar una visión contextualizada del Convenio y su proceso de ratificación, por una parte, y por otra reflexionar críticamente respecto de si existe sintonía entre las ideas matrices del Convenio, la realidad indígena en Chile, y los principales elementos que debieran configurar una política sectorial en nuestro país.
Entrevista realizada el 19/03/2008. Ver más en www.expansiva.cl
Aprobación de Convenio 169 de la OIT
Sebastián Donoso Rodríguez
Profesor de Legislación Indígena y Políticas Públicas UC
Después de casi 18 años de tramitación en el Congreso, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas fue finalmente aprobado por el Senado, quedando listo para su promulgación. Muchos han celebrado dicha aprobación con el jolgorio propio de quienes la asumen como una muy buena noticia para los indígenas y para todo el país. No obstante, una reflexión más serena debe llamar la atención sobre cómo se inserta el Convenio 169 en el marco más general de las políticas públicas hacia nuestros compatriotas indígenas y sobre qué consecuencias cabe esperar de su aplicación.
En la jornada, organizada por la Dirección de Asuntos Públicos de esta Casa de Estudios, se presentó un paper del académico Sebastián Donoso sobre la cuestión indígena y los alcances del Convenio 169 de la OIT.
De acuerdo al Censo de 2002, la población indígena en Chile representa cerca del 5% del total nacional. De ella, poco menos de un 90% corresponde a la etnia mapuche, una de las nueve reconocidas por la Ley Indígena. Además, aproximadamente el 65% de la población indígena vive en centros urbanos, lo que desmiente el tradicional sesgo ideológico en cuanto a que ?lo indígena? está necesariamente asociado a la ruralidad. A ello se suman diversos estudios que muestran que este grupo presenta un proceso de pérdida cultural y una tasa de pobreza significativamente más alta que el promedio nacional.
Es razonable y prudente optar por fórmulas que no tengan efectos colaterales adversos ni impongan a los beneficiarios esquemas paternalistas e inflexibles de protección de sus bienes por la vía de restricciones legales, ni que descansen en millonarias transferencias de recursos públicos. Se ha demostrado que las recetas de ese tipo obstaculizan gravemente sus expectativas de superación y socavan su capacidad de generar sus propios ingresos.
Visiones del acuerdo sobre pueblos indígenas:
A nadie dejó indiferente el informe sobre las minorías indígenas. Mientras Juan A. Figueroa, miembro del Tribunal Constitucional, cree que genera incertidumbre sobre los derechos de propiedad, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, le resta legitimidad. Sebastián Donoso, de la UC, en tanto, lo considera la aplicación en Chile de la "ortodoxia indígena internacional", y para José Aylwin, constituye "un hito que permite conocer la historia de los vencidos".
El juicio oral a tres longkos mapuches en Angol ha renovado por estos días el debate sobre los hechos de violencia que involucran a indígenas en el sur del país y las medidas que debiera adoptar el Gobierno para enfrentar dichos hechos.
Como se sabe, en general el Gobierno se ha resistido a calificar tales hechos como conductas terroristas de acuerdo a la Ley 18.314 que las determina -también conocida como Ley Antiterrorista-, y por lo mismo a solicitar a la justicia la aplicación de dicha ley.
Señor Director:
Don Gastón Soublette ha atacado el propósito de integrar plenamente a los mapuches a la sociedad mayor, sosteniendo que equivaldría a una "tácita condena a muerte del pueblo mapuche". Añade que pretender dicha integración desconoce la existencia de esa etnia y su herencia cultural.
Señor Director:
Los resultados del Censo 2002 han abierto un nuevo foco de conflicto para la política indígena de los gobiernos de la Concertación. En efecto, un 4,6% de la población declaró pertenecer a algún grupo étnico, cifra que contrasta fuertemente con el casi 8% que lo hizo en el Censo de 1992. La diferencia entre ambos censos evidencia una alarmante falta de profesionalismo por parte del INE. Éste ha explicado dicha diferencia argumentando que la cédula censal 2002 cambió el concepto "identificación con culturas" usado en el censo 1992, por el de "pertenencia a alguna etnia". Peor aún, una funcionaria del INE ha reconocido que ya en 1992 se sabía que la pregunta estaba mal formulada y que se prestaría para abultar artificialmente la población indígena.
Señor Director:
El diputado Eduardo Díaz ha apuntado a la médula de la cuestión indígena en su carta del 15 de junio pasado.
Es cierto que los mitos que se han construido en torno a la realidad mapuche desvían la atención del problema más grave, que es la pobreza. A esos mitos hay que agregar una serie de estereotipos y nociones "políticamente correctas" que afectan negativamente el diseño de las políticas hacia los indígenas.
La “ortodoxia indígena”: así define un destacado profesor canadiense a la visión predominante respecto de la cuestión indígena. Un conjunto de afirmaciones, juicios de valor, estereotipos y presunciones que construyen lo que podríamos calificar como la visión políticamente correcta de la cuestión.
EN EL CUERPO DE IDEAS DE ESTA ortodoxia ocupa un lugar preeminente la denominada “discriminación positiva”. Conocida como “affirmative action” en los Estados Unidos y como “positive discrimination” en el Reino Unido, la discriminación positiva en cuanto práctica política se ha transformado en un artículo de fe entre quienes abogan por un trato especial para los indígenas. ¿Qué se entiende por discriminación positiva? ¿Cómo se la ha justificado? ¿Qué aplicación ha recibido la misma en nuestra legislación indígena? Estas son algunas de las interrogantes que este artículo pretende abordar suscintamente.
La “ortodoxia indígena”: así define un destacado profesor canadiense a la visión predominante respecto de la cuestión indígena. Un conjunto de afirmaciones, juicios de valor, estereotipos y presunciones que construyen lo que podríamos calificar como la visión políticamente correcta de la cuestión.
