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24.12.09

La Constitución y las aguas (Editorial de El Mercurio )

Está discutiéndose la posibilidad de una reforma que les dé a las aguas rango constitucional como bien nacional de uso público. Esto incluso forma parte del acuerdo entre la campaña del senador Frei y el Partido Comunista para sumar el apoyo de éste en segunda vuelta.

Es difícil comprender el sentido de esta reforma, porque el Código Civil ya establece que las aguas tienen tal carácter. Otorgarles rango constitucional responde a una lógica “inflacionaria” sin sustento jurídico, y es curioso que respalden este planteamiento personas o sectores que, en otros ámbitos, ven una Constitución demasiado detallista. En esta esfera deberían estar radicadas sólo aquellas materias fundamentales que identifican a la nación, pero ampliarla a asuntos como éstos es contraproducente. Que las explotaciones del cobre y de los hidrocarburos estén sujetas a norma constitucional es una deficiencia técnica de raíz ideológica y, por tanto, no resulta sólido emplear este argumento para someter también a las aguas a tal régimen.

Muchos de los problemas que —según afirman sus partidarios— resolvería el rango constitucional de las aguas se pueden abordar a partir de la Ley N° 20.071, de 2005. De hecho, algunos se han resuelto ya en grado importante, como la anterior concentración de los derechos no consuntivos en unas pocas manos. Con todo, es efectivo que ese cuerpo legal ha operado menos satisfactoriamente que lo esperado, como, por ejemplo, en cuanto a la regularización de los derechos de pequeños agricultores, que ha llevado a solicitudes de constitución de derechos de agua imposibles de acoger sin afectar otras ya otorgadas. Además, apenas un cuarto de las solicitudes ha sido realizado por pequeños agricultores. Con razón, esta norma específica acaba de ser suprimida en el Congreso.

Otro problema de esa ley es que estableció el pago de una patente por no uso de las aguas. Esto es técnicamente incorrecto: lo eficiente es un tributo equivalente sobre el derecho de agua, se use o no. Sólo si no se paga ese impuesto procede el remate de tal derecho. Este proceso se ha tornado extraordinariamente complejo y burocrático, restándole dinamismo al mercado del agua. Una reforma constitucional como la que se propone no representa ningún aporte a la solución de estos y otros problemas. Lo que correspondería, entre otros aspectos, es asegurar una mayor especificidad de los derechos de agua antiguos, un mejor sistema de información de todos los derechos asignados, una profundización de los mercados de agua, y una mayor profesionalización de la Dirección de Aguas.

La actual propuesta de reforma constitucional se traducirá sencillamente en otorgar a la autoridad administrativa una serie de potestades e involucramiento en la gestión del agua que son difíciles de justificar. La primera dimensión introduce inseguridad jurídica, porque abre la puerta a la posibilidad de que la autoridad caduque derechos sin fundamentos sólidos. Esta aprensión se justifica, pues en el último tiempo ella ha actuado aduciendo que algunas cuencas se encuentran sobreexplotadas, pero sin proveer antecedentes suficientes al respecto. Si eso es efectivo, cabe preguntarse por qué entregó tales derechos de agua, y si se trata de abusos, por qué no se castigan.

La segunda dimensión significa un retroceso en la gestión de un Estado moderno, al reunir en él la fiscalización y la gestión de los recursos hídricos. Esta orientación es tanto más desafortunada si se considera que la administración privada de las cuencas ha sido bastante exitosa, y en los casos específicos en que hay problemas, ello no es resultado de la gestión privada, sino de deficiencias regulatorias específicas, que no se resuelven con la gestión de las cuencas por medio de corporaciones públicas, y menos elevando a rango constitucional el carácter de las aguas como bien nacional de uso público.

FUENTE

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/12/24/la-constitucion-y-las-aguas.asp

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