Wide Blog Theme

08.09.09

Una nueva Constitución para la República

Tribuna
Martes 08 de Septiembre de 2009

Javier Couso Salas
Profesor de Derecho Constitucional UDP
Coordinador Comisión Constitucional
de Océanos Azules

Uno de los aspectos más relevantes —pero hasta ahora menos destacados— de las propuestas programáticas que los diferentes candidatos presidenciales han hecho circular es la coincidencia de cuatro de ellos respecto de la necesidad de contar con una nueva Constitución. En efecto, aunque con algunos matices, tanto Frei como Enríquez-Ominami, así como Arrate y Navarro, han planteado la urgencia de que el país revise sustancialmente su arreglo constitucional con miras al Bicentenario.

La coincidencia anotada es significativa. De hecho, no ha sido habitual en nuestra historia política que un conjunto de líderes que —combinados— concitan alrededor de la mitad de las preferencias del electorado estén planteando como parte de su plataforma de gobierno la transformación del marco constitucional en que se desenvuelve el país. Si, además, se tiene en cuenta que algunos de los aspectos clave de las propuestas de cambio constitucional que han circulado han recibido el apoyo de algunos destacados juristas vinculados a la Alianza por Chile, se puede dimensionar en su debida forma el estado de la cuestión constitucional.

Una pregunta que surge ante este escenario es cómo es posible que luego de dos décadas de una exitosa transición democrática —y en un escenario en que la actual Mandataria cuenta con niveles de aprobación sin precedentes— pueda plantearse seriamente que estamos ante un ingente problema constitucional. En otras palabras, ¿cómo dar cuenta que al mismo tiempo en que el país parece gozar de una buena salud política se plantee reformar o modificar sustancialmente el orden constitucional vigente?

Lo que explica esta aparente paradoja es que a pesar de las numerosas reformas de que ha sido objeto la Constitución de 1980 subsisten en ella elementos heredados del diseño autoritario que están bloqueando (de manera lenta y silenciosa, pero no por ello menos perjudicial) la expresión de las mayorías políticas, que representa la esencia del modelo democrático. Así, de la misma manera en que el colesterol puede llegar a hacer colapsar el cuerpo de una persona que parecía estar sana, algunos aspectos de nuestro actual diseño constitucional podrían estar preparando el camino para una crisis de envergadura. De ahí la importancia de detectar los elementos problemáticos y removerlos lo antes posible, en una suerte de profilaxis constitucional.

En la Comisión Constitucional de Océanos Azules (que coordinamos junto a Paula Ahumada y Francisco Soto) se identificaron cuatro aspectos de nuestra institucionalidad que conspiran contra la salud democrática de Chile. El primero de ellos son las llamadas “leyes orgánicas constitucionales” (LOC), que requieren para su derogación o enmienda de un quórum similar al exigido para reformar, incluso, la propia Constitución. Este tipo de legislación de super-mayoría representa una barrera casi imposible de superar incluso para coaliciones que cuenten con sólidas mayorías ciudadanas, lo que las obliga a intentar consensuar con las minorías una legislación que en el resto del mundo democrático podrían aprobar sin el concurso de sus adversarios. Adicionalmente, el hecho de que la mayor parte de la legislación orgánica constitucional fuera originalmente aprobada por la Junta Militar (que se apuró a publicar una batería de leyes de supermayoría el mismo 10 de marzo de 1990, ad portas de abandonar el poder) tiene como consecuencia que o se llega a acuerdos con los herederos políticos del régimen militar o simplemente prevalece la legislación aprobada por este último.

Un segundo elemento que a nuestro juicio conspira contra la salud de nuestro sistema democrático es la persistencia del sistema electoral binominal que, como se sabe, dificulta la traducción de las mayorías político-electorales en mayorías parlamentarias, todo lo cual constituye una barrera adicional al ideal del autogobierno democrático, uno de cuyos componentes esenciales es precisamente el que la mayoría decide.

Como si la combinación de las leyes orgánico-constitucionales y el binominal no fuera suficiente para bloquear el poder de decisión de las mayorías democráticamente elegidas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha expandido el ámbito de lo que considera materia de ley orgánica constitucional, lo que en la práctica ha hecho de este último un guardián del orden legal heredado del régimen militar.

Los aspectos mencionados, así como el sesgo ideológico autoritario y neoliberal que exhibe buena parte del capítulo de derechos y deberes de la Carta Magna de 1980, son los que debieran focalizar el esfuerzo de cambio constitucional de cara al Bicentenario, ya que representan los últimos vestigios del diseño constitucional autoritario.

De ahí que si se pudiera construir un consenso nacional en torno a la modificación de los mismos, se podría decir que la tarea de democratizar nuestro orden constitucional ha sido por fin completada, abriendo paso a la posibilidad de que emerja en Chile lo que Habermas ha denominado “patriotismo constitucional”; esto es, un contexto en que los ciudadanos se sienten plenamente identificados con su Constitución, como de hecho ocurre en Francia, los Estados Unidos, Alemania y las demás democracias contemporáneas consolidadas. Nos parece que un escenario como el descrito representaría la mejor forma de celebrar los doscientos años como país independiente.

FUENTE
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2009/09/08/una-nueva-constitucion-para-la.asp

Wide Blog Theme

 

Archivo de prensa - CEPPDI -  www.politicaspublicas.net