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19.03.10

Alza de despidos tras terremoto descoloca al gobierno y Ministerio del Trabajo anuncia más fiscalización

"Esa no es una cifra oficial". Así reaccionó ayer la ministra del Trabajo, Camila Merino, ante los 6.111 despidos por fuerza mayor que se han comunicado a la Dirección del Trabajo (DT) -organismo fiscalizador del gobierno- entre el 1 y el 14 de marzo. De hecho, insistió en que estaban revisando los números, pero que de todas formas "no corresponde a la realidad".

Aún así, la secretaria de Estado tampoco quiso especificar las estadísticas que manejan al interior del Ejecutivo y agregó que los datos serían chequeados por su cartera para que, en lo posible, fueran entregados durante el día. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se dio a conocer una rectificación de la cifra publicada por Diario Financiero en su edición del jueves 17 de marzo.


De todas formas, sostuvo que existe preocupación de parte de las autoridades por el uso del artículo 159, número 6, del Código del Trabajo, por lo que recalcó que clarificarán qué se entiende por fuerza mayor. En ese sentido, dijo que una empresa que está en la zona de catástrofe no tiene derecho a utilizar esta causal por el sólo hecho de estar ubicada en dicho lugar. "Tiene que ser una empresa que realmente tenga todas sus instalaciones dañadas y eso lo vamos a clarificar para que no haya abuso respecto al uso de esta cláusula", destacó Merino.



Petición del gobierno

Si bien no aclaró a través de qué mecanismo se hará la distinción, fuentes al interior de la cartera aseguraron que la petición formal para redactar el instrumento fue hecha el miércoles de esta semana directamente al director subrogante del servicio, Pedro Julio.

En esa oportunidad, se le habría solicitado la emisión de algún tipo de instrumento legal que definiera -a nivel descriptivo- qué significaba una fuerza mayor y el compromiso del titular de la Dirección fue redactar un texto explicativo de los alcances de la causal.

Así las cosas, todavía no está claro si el documento que emita el ente fiscalizador será un dictamen o una circular.



Fiscalizaciones en duda

Mientras se concreta la publicación del documento clarificador, la ministra del Trabajo aseguró que se harán las fiscalizaciones pertinentes para evitar el abuso de la norma.

No obstante, las mismas fuentes aseguraron que el organismo no tiene dentro de sus facultades legales este tipo de revisiones.

Explicaron que fiscalizar la causal está fuera del ámbito de las atribuciones de la Dirección del Trabajo. En Chile, se agregó, existe libertad de despido y si es que un empleador ocupa mal una causal, el único que puede calificar la legalidad es un tribunal.

En ese sentido, es muy poco lo que se puede hacer respecto al despido, por lo que advierten que "hay una suerte de confusión de la autoridad respecto al alcance de las facultades de la DT".

Un dato relevante es que el uso del artículo 159 número 6, también se puede invocar como causal de suspensión de la relación laboral hasta que la situación de la empresa afectada por caso fortuito o fuerza mayor se normalice.

De ser así, los trabajadores no perderían el derecho al pago de indemnizaciones. La utilización de esta fórmula no se debe comunicar a la Dirección, lo que hace casi imposible llevar una cuantificación rigurosa para saber si las compañías estarían privilegiando este mecanismo frente a la desvinculación total.



Reunión con Piñera

Toda esta situación preocupa al gobierno, razón por la cual la titular de Trabajo se reunió ayer con el presidente Sebastián Piñera, para analizar el conjunto de medidas que se están afinando para hacer frente al desempleo.

Según señaló Merino, se proyecta que el empleo en las zonas afectadas por el terremoto esté complicado en los primeros meses. "Por eso, estamos trabajando una batería de propuestas. Estimamos que entre 3 a 6 meses debería empezar la recuperación", indicó.

Se sabe que se buscará la refocalización de los planes de empleo de emergencia, bonos tanto para la contratación como la retención de trabajadores y la adecuación del Acuerdo Nacional por el Empleo -que está en vigencia desde el año pasado- a las necesidades de la catástrofe. En este último punto, se está postulando que el Permiso para la Capacitación se convierta en uno de la reconstrucción, sin embargo, aún no se define si será total o parcial en cuanto a la jornada laboral.

FUENTE

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100319/cont_136410.html

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