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19.03.10

Royalty minero, royalty indígena

Categories: Royalty

En pro de la economía y eficiencia administrativa y política, sería entonces bueno aprovechar el debate sobre el royalty del cobre, para instaurar desde ya el royalty indígena. Ese cobro está totalmente amparado por una norma de derechos humanos que obliga a Chile, y que no podría en ningún caso considerarse anticonstitucional.
Hoy los pueblos y comunidades de hecho negocian caso a caso y asimétricamente la entrada o no de una empresa en su territorio, en procesos costosos y largos cuyos beneficios finales no se aprecian fácilmente. Contando con el respaldo de los interesados, el royalty indígena sería un gran paso en pro de los derechos humanos de todos los pueblos, y una medida de justicia largamente esperada.

Un terremoto de grado 9 y el subsiguiente maremoto, asolaron las costas de Bolivia, Chile y Perú el 9 de mayo de 1877. Los diputados de Cobija y Antofagasta plantearon poco después en el parlamento boliviano, la posibilidad de cobrar un impuesto adicional de 10 centavos sobre el quintal de salitre para financiar la reconstrucción del litoral. Este aumento de impuesto vulneraba, sin embargo, un tratado suscrito con Chile apenas tres años antes: se desató la Guerra del Pacífico.

Lejos estamos hoy de guerras por unos centavos. El royalty ha pasado a ser un tema banal tras el terremoto, la soberanía de Chile está plenamente asumida; con todo, anoto la ausencia de debate sobre una regalía relacionada, que el Estado chileno está en la medida de aplicar a las empresas mineras que operan en territorios indígenas.

Sin perjuicio del royalty “nacional” que estudia Paul Fontaine por encargo del Presidente, el Art. 15 Nº2 del Convenio 169 de la OIT, prevé que: “Los pueblos [indígenas] deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades [en sus territorios], y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

Bien planteado, y con la previa libre consulta informada del caso, un proyecto de royalty indígena sin duda gozaría de consenso por parte de los pueblos y comunidades interesados. Las empresas mineras no tendrían argumentos legales con qué oponerse. Establecido directamente en beneficio indígena, tal regalía permitiría tanto financiar las políticas públicas en materia de restitución de tierras, territorios y recursos naturales que están rezagadas, como dotar de mayor autonomía financiera a los pueblos dueños de los fondos. Este modelo existe en muchos países con los cuales hemos suscrito tratados de libre comercio, y no es considerado poco competitivo, ni discriminatorio.

En pro de la economía y eficiencia administrativa y política, sería entonces bueno aprovechar el debate sobre el royalty del cobre, para instaurar desde ya el royalty indígena. Ese cobro está totalmente amparado por una norma de derechos humanos que obliga a Chile, y que no podría en ningún caso considerarse anticonstitucional.
Hoy los pueblos y comunidades de hecho negocian caso a caso y asimétricamente la entrada o no de una empresa en su territorio, en procesos costosos y largos cuyos beneficios finales no se aprecian fácilmente. Contando con el respaldo de los interesados, el royalty indígena sería un gran paso en pro de los derechos humanos de todos los pueblos, y una medida de justicia largamente esperada.

Alonso Barros van Hövell
Abogado
Universidad Católica del Norte

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