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21.03.10

Fiscal nacional y Tsunami: 'En ciertos casos, con la alerta rápida se podrían haber evitado muertes'

Tras viajar a la zona afectada por el tsunami, Sabas Chahuán se convenció de que era necesario indagar si hay responsabilidades en las muertes provocadas por la alerta tardía. La Armada le entregará a la fiscalía la próxima semana la auditoría realizada en el Shoa.

"Cuando uno empieza a ver que tal vez, en ciertos casos y partes, con una alerta rápida se podrían haber evitado muertes, determinar si ésta no fue rápida o pronta se debe despejar con la investigación".

Este es el diagnóstico del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien visitó la semana pasada las zonas más afectadas por el tsunami que dejó centenares de personas muertas entre las costas de la V y VIII Región la madrugada del sábado 27 de febrero.

Tras entrevistarse con los fiscales de las zonas más afectadas y sobrevolar localidades como Dichato, Constitución y Talcahuano, Chahuán resolvió el martes que era necesario iniciar una investigación para saber si hay responsabilidades penales en el accionar de los organismos encargados de entregar la alerta a la población, un debate que se ha centrado en el rol de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa).

El fiscal nacional explicó a La Tercera que este viaje fue la razón por la cual modificó su apreciación inicial de la semana anterior, cuando dijo que no se abriría una investigación de oficio por el momento, dadas las contradicciones de las versiones.

"Cuando hablamos, claramente la situación no estaba tan decantada. El estudio que encargue a funcionarios de la fiscalía, mi conversación con fiscales de las zonas afectadas y mis idas a terreno, me convencieron de que es necesaria una investigación. Además, me pareció que la fiscalía no podía quedar inactiva, porque hay varios centenares de compatriotas muertos. Si hay negligencia o delito, se tiene que indagar", dijo.

Por eso, Chahuán designó en el caso el martes a la fiscal regional Occidente Solange Huerta, quien deberá indagar todas las querellas presentadas a lo largo del país en conjunto con un equipo especial integrado por ambas policías. Aunque no tiene dedicación exclusiva, el fiscal nacional subraya que se le dio la facultad de apoyarse en fiscales de las zonas devastadas.

Autoridades

Una de las primeras querellas presentadas fue por la muerte de dos hermanas en Dichato, quienes bajaron desde un cerro a su casa tras oír declaraciones de la ex Presidenta Michelle Bachelet diciendo que no había peligro de maremoto.

Chahuán indica que todo ciudadano chileno tiene la obligación de prestar declaración y, por ende, si hay méritos, también lo deben hacer las autoridades. "Si hubiera mérito en la investigación contra la ex Presidenta Bachelet, contra el actual Presidente, contra un futuro Presidente o cualquier autoridad, tienen que declarar. Eso es resorte de la fiscal", señala.

Sobre el rol de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y del ex director del Shoa, capitán de navío Mariano Rojas, el fiscal explicó que, de forma general, si una persona se expuso a una zona de riesgo porque una autoridad señaló que no habría tsunami, podría configurarse una eventual negligencia.

Versiones contrapuestas

Una de las metas de la investigación apunta a aclarar las versiones contradictorias sobre la oportunidad de la alerta y si se cumplió con los protocolos: "Hay distintas versiones. Unas que dicen que el error se produjo en los organismos dependientes del Ejecutivo; la otra, que hay un error de la Armada", resume el fiscal nacional.

Por eso, también se solicitarán los protocolos de la Onemi sobre su actuar frente a desastres naturales.

Chahuán manifestó que durante esta semana se reunió con el auditor general de la Armada y el comandante en jefe de esa institución, almirante Edmundo González. En la reunión ambos le señalaron que colaborarán con la investigación y que le entregarán la auditoría interna, que estará lista la próxima semana.

Una vez que estos antecedentes lleguen a manos de la fiscal Huerta, se deberá determinar si la investigación se quedará en manos de la justicia civil o militar. "Si la investigación penal determina que hay un ilícito de jurisdicción militar, deberían enviarse los antecedentes a los tribunales militares", subraya Chahuán.

FUENTE

http://diario.latercera.com/2010/03/21/01/contenido/9_27091_9.html

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