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23.03.10

Fondo de reconstrucción (Editorial diario El Mercurio)

 

Las autoridades, en particular las de Hacienda, siguen evaluando opciones para financiar los desembolsos que le significarán al fisco los daños del terremoto. Éstos dependen crucialmente de los costos involucrados, pero hay una amplia variabilidad de las magnitudes que se han dado a conocer desde la catástrofe, y no está claro qué proporción es de cargo directo del Estado.

Se plantea que el financiamiento provendría, en primer lugar, de una reasignación presupuestaria del orden de 700 millones de dólares, que representa casi el dos por ciento del presupuesto de la nación, es decir, una cifra parecida a la que permite la Constitución en casos de emergencia. Luego se consideran giros desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) o endeudamiento. Estas dos alternativas tienen efectos macroeconómicos y, por tanto, deben distribuirse en el tiempo. En ambos casos hay consecuencias desde el punto de vista de los flujos del Estado. Si se usan recursos extraordinarios del FEES, los ingresos generados por el mismo disminuyen. En caso de endeudamiento, hay una erogación anual para amortizar la deuda y pagar intereses.

Por esta razón se plantea también la necesidad de elevar impuestos para financiar esa brecha producida por las acciones extraordinarias que se deben materializar para paliar los efectos del terremoto. Al respecto caben varias consideraciones. Por una parte, si los desembolsos que el Estado requiere son acotados, es posible financiar dicha brecha reasignando de manera permanente los fondos del presupuesto actual que se redestinen al fondo de reconstrucción. Es de notar que por cada mil millones de dólares de endeudamiento a 20 años, el Estado debería destinar del orden de 75 millones anuales para servir dicha deuda. Así, los impuestos deberían ser considerados sólo una opción de última instancia.

En días recientes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha indicado que también se considerará la posibilidad de vender activos prescindibles del Estado. Es una señal de pragmatismo que resulta indispensable en estos momentos. En una buena medida, todas las empresas públicas constituyen tal clase de activos. No hay ninguna razón para que la nación esté expuesta a riesgos en negocios que no conoce bien y a gestiones que tampoco logra controlar adecuadamente. Esos recursos estarían mejor resguardados en un fondo como el FEES. El resultado más probable de una venta competitiva y parcial de empresas públicas es un aumento en el valor de dichas empresas que aumentaría el patrimonio de nuestro Estado, y por esa vía generaría recursos extraordinarios para financiar la reconstrucción. Esta posibilidad no se puede concretar con las otras opciones, y por ello parece la más conveniente desde el punto de vista de los intereses públicos. En el peor de los casos, si no se produce ese aumento de valor —situación improbable, dada la experiencia de diversos procesos de privatización en diferentes latitudes en los últimos años—, la venta parcial no es cualitativamente demasiado distinta del endeudamiento o del giro de recursos desde el Fondo de Estabilización Económica y Social.

En las presentes circunstancias, el país debe ponerse de pie, y eso supone acelerar el crecimiento. Mayores impuestos ponen en riesgo ese logro y, por tanto, sólo deberían emplearse tras agotar todas las demás instancias. Eso mismo puede hacer recomendable bajar algunos impuestos, lo que requeriría subir otros si se quiere mantener la carga tributaria inalterada. Siendo así, no debe descartarse una estrategia tributaria, siempre que su énfasis apunte a un progreso económico más acelerado.

 

FUENTE

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2010/03/23/fondo-de-reconstruccion.asp

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