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02.04.10

Insólito: Ley de Urbanismo no contempla a tsunamis como factor de riesgo. Contradicciones del Plan de Reconstrucción

Parece increíble, pero no hay  una sola mención a los maremotos o tsunamis –colmo quieran llamarlos- en la norma madre que regula la construcción en Chile: La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Plan de reconstruccion: a simple vista aparece la siguiente contradicción: Si se va a actualizar el Plan regulador lo cual probablemente signifique la prohibición de levantar o reconstruir viviendas en zonas declaradas de alto riesgo, ¿Cómo va a ser acreedor a una vivienda el propietario de un terreno situado en dicha área?

Por otra parte, también se corre el riesgo de que la voracidad empresarial pueda ofrecerles un precio atractivo, a fin de hacerse dueño de localizaciones privilegiadas  para instalar algún negocio lucrativo.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero caramba, ¡Qué precio hemos pagado por no aprender las lecciones del pasado!

Todos fuimos testigos del violento debate originado a raíz de no haberse trasmitido oportunamente la alerta temprana de maremoto el 27 de Febrero recién pasado. La demora resultó fatal,  es inaceptable  y está claro que motivó pérdidas de vida que pudieron haberse evitado.

Pero la verdad es que resulta más inconcebible que un país azotado una y otra vez  en su historia por cataclismos como el que acabamos de sufrir, no haya tomado los resguardos necesarios para enfrentar catástrofes naturales que ya sabemos seguirán sucediéndose.

No se trata de  medidas cosméticas, sino que de decisiones de fondo.

50 años han transcurrido desde el anterior maremoto en Valdivia y de hecho el desarrollo urbano de nuestro borde costero no está regulado.

Parece increíble, pero no hay  una sola mención a los maremotos o tsunamis –colmo quieran llamarlos- en la norma madre que regula la construcción en Chile: La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

El Artículo 2.1.17 relativo a riesgos en los instrumentos de planificación establece lo siguiente:

“En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “Zonas no edificables” o bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso como se indica a continuación:”

“Por zonas no edificables se entenderán aquellas que por su especial naturaleza y  ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades transitorias.”

“Por áreas de riesgo, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad como desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficiuentes para subsanar o mitigar tales efectos.”


Más adelante la Ordenanza explicita que “las zonas no edificables corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.”

“Las áreas de riesgo se determinarán en base a las siguientes características:

1.- Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.”

(Es difícil de creerlo pero los maremotos no figuran entre las causas que podrían generar un área de riesgo, a menos que se los considere como “curso de aguas no canalizados”.)

“2.- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.

3.- Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.

4.- Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.”


En este asunto no pretendo hacer cargos a las autoridades o a los legisladores que debieron hace ya tantos años haber establecido una normativa estricta al respecto. Creo que debemos hacernos una autocrítica colectiva ya que no supimos oportunamente advertir tan grave omisión.

Nuestro Colegio de Arquitectos debe expresar muy claramente ante las autoridades, los legisladores y la opinión pública la urgencia en establecer una completa normativa respecto a los maremotos tal como existe respecto a los movimientos sísmicos, definiendo también las fórmulas para su adecuada fiscalización.

El nuevo gobierno acaba de hacer público el Plan de Reconstrucción que establece siete tipos de soluciones para siete tipos de problemas.

En principio me parece acertado no haber establecido al bulto una cantidad de subsidios, sino que clasificarlos conforme a la naturaleza del problema.

Una de las categorías establecidas se denomina Reconstrucción de ciudades y pueblos costeros.

En este caso, el grupo objetivo al cual se dirige la solución es el siguiente: “Familias propietarias de primera vivienda en las ciudades y pueblos costeros devastados por el tsunami.”

Y la solución propuesta consta de lo siguiente:

* Actualización del Plan Regulador en áreas de riesgo.
* Proyecto urbanístico de las localidades costeras
* Entrega de una vivienda en el mismo sitio de la propiedad.

Es un poco prematura juzgar  esta proposición, pero a simple vista aparece la siguiente contradicción: Si se va a actualizar el Plan regulador lo cual probablemente signifique la prohibición de levantar o reconstruir viviendas en zonas declaradas de alto riesgo, ¿Cómo va a ser acreedor a una vivienda el propietario de un terreno situado en dicha área?

Estimo que en este asunto hay que proceder con extrema cautela. En la mayoría de las caletas como Iloca, Duao, Pelluhue, los propietarios son pescadores o pequeños comerciantes dedicados al turismo, dueños de un modesto restaurante o quiosco.

Si les prohiben la reconstrucción en su actual propiedad, ¿Cómo serán indemnizados?

Al   hecho de haber perdido casa y trabajo, de haber quedado con lo puesto y en algunos casos haber sufrido además, la perdida de algún familiar, se sumará  la prohibición de reconstruir su propiedad.

Por otra parte, también se corre el riesgo de que la voracidad empresarial pueda ofrecerles un precio atractivo, a fin de hacerse dueño de localizaciones privilegiadas  para instalar algún negocio lucrativo.

No podemos permitir que opere el libre mercado en una emergencia como la actual, sino, -como siempre- los perjudicados serán justamente aquellos a los cuales se pretende ayudar.

Es necesario que el estado recupere un rol activo, quizás congelando los valores del suelo, o mejor aún,  adquiriendo la propiedad de  todas las áreas fijadas de alto riesgo, a fin de asegurar que se cautele el bien común y no en favor de intereses privados.

Por último, el mecanismo de otorgar los subsidios individuales deja a cada presunto beneficiario librado a su suerte, obligado a arreglárselas como pueda.

Es imperativo generar un mecanismo solidario, que permita la participación colectiva de las familias damnificadas, definiendo las soluciones  más adecuadas a la comunidad.


MIGUEL LAWNER

Santiago, 30 de Marzo de 2010.

FUENTE

Crónica Digital 30/03/2010

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