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15.04.10

Donaciones y reconstrucción (Editorial de El Mercurio)

 

Incipientemente comienza a cobrar forma el financiamiento de la reconstrucción tras el terremoto de las obras que son responsabilidad del Estado. El Gobierno ha sometido al Congreso un proyecto que reforma la Ley de Donaciones y crea un Fondo Nacional de Reconstrucción, estableciendo las condiciones y el vehículo para los privados que deseen aportar a ese proceso. Actualmente se permiten donaciones con otros fines sociales valiosos, pero el de reconstrucción no está legalmente contemplado. Así, en teoría, los privados interesados en donar con este objeto (u otros no autorizados) deben cumplir un engorroso trámite denominado de “insinuaciones”, que además está sujeto a un impuesto y, por tanto, no incentiva a donar.

En el caso de los contribuyentes que declaran primera categoría, el proyecto referido permite rebajar como gasto la totalidad de la donación. Eso significa que, por cada 100 pesos que done ese contribuyente, el Estado aporta 17, al reconocer ese gasto como válido para generar la renta. Este beneficio se aplica sólo si la donación se entrega al Fondo Nacional de Reconstrucción que se crearía.

Éste será administrado por un comité ejecutivo —integrado por el Presidente de la República, dos miembros designados por él, los ministros de Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, y los intendentes de las zonas afectadas—, que decidirá el destino de los recursos. Ese fondo también recibirá aportes de personas naturales, que podrán deducir esos dineros de su base imponible en el caso del impuesto global complementario, con un crédito tributario de 40 por ciento respecto del monto donado. Igual crédito vale para las que pagan impuesto de segunda categoría o impuesto a la herencia. Esta propuesta también incluye a quienes pagan el impuesto adicional. Según estimaciones preliminares, por esta vía se recaudarían ingresos fiscales adicionales por unos 155 millones de dólares. Es un monto de obvia utilidad en el trance actual, pero mesurado, que en principio no debería ofrecer base suficiente para una gran polémica política.

Por otra parte, ésta es una iniciativa de gran valor social, pues reconoce el esfuerzo que muchas personas jurídicas y naturales realizan en beneficio de las familias y zonas afectadas por el sismo. También es un reconocimiento muy importante de que la sociedad, antes que por entidades jurídicas, está compuesta por personas naturales, y permite que éstas puedan donar a iniciativas socialmente deseables. En el pasado, las autoridades fiscales han estado inexplicablemente cerradas a esta opción, pero las actuales reconocen su importancia en articular el tejido social de una nación y hacerla más vigorosa en capital social, ingrediente clave para el desarrollo. En este caso, además de promover la natural solidaridad, tiene el efecto de ir creando una cultura de donaciones que alcanza vastas proyecciones en países desarrollados.

Sin embargo, llama la atención que en este proyecto los beneficios tributarios sean más modestos cuando los recursos se destinan a obras específicas y no al Fondo de Reconstrucción. Ciertamente hay riesgos en autorizar los mismos beneficios para proyectos sobre los que el Estado tiene escaso control y pueden ser formas de aportar recursos para iniciativas no necesariamente orientadas a la reconstrucción o que en alta proporción se consuman en estructuras administrativas inefectivas. Pero, en vez de disminuir los beneficios tributarios, quizás se habrían podido explorar otras opciones, tales como sanciones duras a los donantes o donatarios que desvíen recursos a fines no ligados a la reconstrucción propiamente tal.

Un detalle que debería corregirse es la directa participación del Presidente de la República en el comité ejecutivo que administrará dicho fondo. Eso parece inconveniente, ya que la evaluación final de la labor de aquél deberá hacerla la máxima autoridad del país.

FUENTE

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2010/04/15/donaciones-y-reconstruccion.asp

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