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22.04.10

Debate sobre el royalty minero (Editorial de El Mercurio)

Categories: Royalty

"El Consejo Minero, después de reunirse con el ministro de Minería, ha argumentado que este cambio es una discriminación contra ese sector, pero esa afirmación parece excesiva. Desde luego, el cambio es voluntario y lo decide autónomamente cada empresa. Luego, se alarga la certeza tributaria con una tasa máxima razonable, si se la compara con las que rigen en otras zonas geográficas."

Continúan las repercusiones por la decisión del Gobierno de financiar parte de la reconstrucción con un cambio al royalty a la minería. Éste rige desde 2005 y tiene una tasa máxima de cinco por ciento. El Gobierno ha planteado elevar la tasa máxima a nueve por ciento y establecer una mínima de 3,5 por ciento para los próximos dos años. La tasa específica a aplicar dependería del margen operacional de las empresas. La aceptación de este nuevo régimen es obviamente voluntaria, porque la aprobación del royalty se acompañó con una invariabilidad tributaria por 15 años.

El incentivo para aceptar la propuesta gubernamental es que las empresas mineras podrían, tras el vencimiento de la actual invariabilidad tributaria, contar con ocho años más de certeza tributaria, aunque no en la forma vigente, sino según la propuesta para 2011-2012. Las autoridades estiman que, con los actuales precios del cobre, la tasa promedio de royalty que pagaría la industria alcanzaría a alrededor de ocho por ciento.

El Consejo Minero, después de reunirse con el ministro de Minería, ha argumentado que este cambio es una discriminación contra ese sector, pero esa afirmación parece excesiva. Desde luego, el cambio es voluntario y lo decide autónomamente cada empresa. Luego, se alarga la certeza tributaria con una tasa máxima razonable, si se la compara con las que rigen en otras zonas geográficas. En fin, este impuesto no sigue la lógica del impuesto a las utilidades, sino que es específico a las rentas asociadas a la explotación de un recurso natural. Dado esto, las rentabilidades de las empresas pueden ser muy distintas, sin que ellas tengan relación con su eficiencia o capacidad de gestión, sino, por ejemplo, con las características de la mina, en particular de la ley de su mineral. Por cierto, éstas tampoco tienen rigurosa relación con los esfuerzos de exploración, sino —y no poco— con el azar. Hay, pues, una justificación técnica para ese impuesto específico, la que no se extiende fácilmente a otros sectores.

Estas consideraciones deben contrapesarse con el efecto sobre la credibilidad del país como receptor de inversión extranjera. Aunque Chile es muy competitivo en inversión minera —así lo reconocen diversos rankings internacionales, como los del Instituto Fraser de Canadá—, no es razonable abusar de esa posición con cambios frecuentes en el royalty. En este caso se trata de un cambio nada menor, que afectará los flujos esperados por los accionistas de estas empresas. Éstos —suele olvidarse en el debate— son miles de personas de diversas características y de distintos lugares del mundo. Obviamente, tendrán dudas respecto de la conveniencia de aceptar la propuesta, y ellos son quienes más pueden poner en duda la seriedad del país y, eventualmente, cuestionar en el futuro las inversiones en Chile. Se requiere, pues, gran cuidado en el balance de las decisiones de política en este ámbito.

Sin embargo, con los actuales precios del cobre —muy por encima de los que esperaban muchos analistas hace tan sólo unos meses— y dada la catástrofe que ha sufrido el país, la propuesta gubernamental es prudente y, en el largo plazo, también podría ser conveniente para las empresas. En la oposición se levantan voces para que el royalty sea mucho más alto, pero eso frisa con la demagogia, sobre todo porque hace pocos años se aprobó en el Congreso una invariabilidad por 15 años, que torna esa opción totalmente inviable. Las empresas —más precisamente, sus accionistas— consentirán en un acuerdo voluntario de las características que ha planteado el Gobierno sólo si los aumentos transitorios en el royalty no son exageradamente altos. Si el proyecto de ley tomase ese camino, un simple cálculo llevaría a las empresas a no acogerse a la voluntariedad sugerida.

FUENTE

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2010/04/22/debate-sobre-el-royalty-minero.asp

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